La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha decidido dar un paso audaz al llevar al Poder Ejecutivo Nacional ante los tribunales, con el propósito de exigir la ejecución de la Ley 27.795, la cual tiene como objetivo garantizar el financiamiento de la educación universitaria y la mejora de los salarios. Esta decisión fue aprobada de manera unánime por el Consejo Superior el 22 de octubre de 2025.
Dicha ley, que fue sancionada y luego promulgada por decreto, se encuentra actualmente suspendida a la espera de que el Legislativo defina las fuentes de financiamiento. Esto ha llevado a la UBA a argumentar que la suspensión no solo infringe el equilibrio de poderes que establece la Constitución, sino que además menoscaba la voluntad del Congreso.
El Consejo ha destacado que la falta de los fondos necesarios perjudica tanto a las universidades nacionales como a su comunidad, afectando su funcionamiento y las condiciones laborales. La medida ha sido registrada en el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, y se ha instruido al rector a demandar la pronta implementación de la ley.
La grave crisis económica que atraviesa el sistema universitario ha sido el detonante de esta decisión. La universidad ya había declarado una emergencia salarial y presupuestaria, lo que refleja la urgencia de tomar medidas para proteger la educación pública y la estabilidad de sus trabajadores.
El Consejo ha enfatizado que el incumplimiento de esta ley impacta de manera directa en el valioso sistema de educación pública, subrayando la necesidad de que el Ejecutivo asigne los recursos requeridos para su efectiva ejecución.
Este conflicto pone de manifiesto la tensión existente entre el Ejecutivo y las universidades, en un contexto de decisiones difíciles relacionadas con la gestión fiscal del país, tras la promulgación de otras leyes de emergencia que también permanecen suspendidas.
Con Información de factos.cl
