En el contexto de la actual crisis del sistema judicial en el país, que abarca incluso las cúpulas del Poder Judicial, es válido cuestionarse si la red de corrupción y tráfico de influencias expuesta es más amplia de lo que se conoce y si afecta áreas más ocultas de la vida institucional.
Los casos de Hermosilla, “muñeca bielorrusa” o Caval tienen un matiz de banalidad legal y sensacionalismo mediático que recuerda más a un estado lumpen que a uno de Derecho. Esto plantea serias dudas sobre la existencia real de una institucionalidad respetable en el país. No solo fallan los comportamientos de los involucrados, tales como jueces y ciudadanos con intereses legítimos, sino también las entidades públicas encargadas de garantizar la igualdad ante la ley.
El análisis del caso Curauma–EuroAmerica, que ha obstaculizado el desarrollo urbano de Valparaíso y Viña del Mar durante décadas, revela patrones que sugieren distorsiones institucionales y manipulaciones procesales, similares a las que la ciudadanía conoce hoy. La prolongada reiteración de estos patrones permite formular la hipótesis de que existe una afectación estructural al debido proceso.
Esta apreciación se basa en hechos verificables, que, aunque dispersos, son evidentes en la práctica. Ejemplos son las radicaciones anómalas de juicios (fórum shopping), inconsistencias en las inhabilidades de jueces, querellas sin avance y decisiones judiciales que se alejan de los estándares de razonabilidad y proporcionalidad, especialmente en materia concursal.
Entre 2004 y 2013, se realizaron pagos significativos a EuroAmerica, excediendo el millón de UF, para un préstamo que incluía cláusulas abusivas. El cumplimiento de este contrato no resolvió la relación jurídica de manera justa, provocando un litigio de nulidad contractual por montos superiores a 700.000 UF.
La red de desajustes procesales
A pesar de que esta controversia civil estaba pendiente, el prestamista escaló el conflicto al solicitar una quiebra en Santiago en septiembre de 2013, cuando el domicilio de la insolvente era Valparaíso. Esta radicación violó gravemente las normas de distribución de causas, un hecho que fue posteriormente reconocido por la Corte Suprema, confirmando la irregularidad. Esto afectó directamente la competencia y, por ende, la validez de las decisiones procesales posteriores.
Durante 2013–2014, las querellas criminales contra ejecutivos privados carecieron de avance suficiente y concluyeron sin pronunciamientos sobre responsabilidades penales, a pesar de estar repletas de actos prohibidos. Esta situación resalta falencias en la fase de investigación y pone en duda la efectividad del Ministerio Público para investigar delitos complejos.
En 2015, surgieron también indicios de manipulación en la integración de salas en la Corte de Apelaciones para casos relevantes del contexto. La diferencia entre la inhabilidad de jueces en causas similares y su repentina disponibilidad para el conflicto Curauma sugiere arreglos que buscan favorecer intereses económicos.
La repetición de patrones similares en el caso de insolvencia de LATAM (2020) refuerza la hipótesis de manipulación sistémica, evidenciando una radicación irregular y decisiones rápidas a favor de ciertos actores.
La decisión del Ministerio Público de no seguir adelante con la querella por delito informático presentada por Curauma, así como la resolución del caso LATAM, coinciden temporalmente con el escándalo de Hermosilla, lo que genera preguntas sobre la profundidad del escrutinio penal. Surge la duda sobre la posible prevaricación de los operadores del caso por no advertir las consecuencias de sus decisiones.
Finalmente, una demanda global iniciada en 2024 enfrenta un ciclo de excepciones dilatorias que impide avanzar a la etapa probatoria.
Algunas conclusiones
Desde un enfoque estrictamente técnico, la acumulación de obstáculos procesales sugiere una estrategia coordinada para eludir el escrutinio judicial ante actos públicos y privados que podrían constituir faltas a la probidad o desviaciones de poder en favor de intereses privados ilegítimos.
Esta secuencia de hechos configura una matriz de daños que trasciende a las partes involucradas, comprometiendo la confianza pública, la seguridad jurídica de los ciudadanos y la percepción de integridad del sistema de justicia.
Por lo tanto, resulta crucial que investigadores, fiscales, jueces y los medios especializados aborden este caso no como un conflicto aislado, sino como un ejemplo de captura de decisiones, fallas en la transparencia de decisiones y vulnerabilidad del sistema de control frente a poderosos intereses privados. La revisión exhaustiva del caso Curauma es necesaria para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que ningún actor esté por encima del control jurisdiccional ni del escrutinio público, evitando así un sistema de completa impunidad en plena democracia.
Si bien no podemos afirmar si esto ya es un problema nacional, es el momento de controlar urgentemente lo que está ocurriendo. La política, en tiempos de elecciones, no puede ignorar algo de tal gravedad.
Con Información de desenfoque.cl
