Un Congreso decidido a destituir, un presidente del Legislativo preparado para asumir, y una Constitución utilizada como herramienta política. ¿Fue legal la destitución de Dina Boluarte, o un golpe disfrazado de procedimiento?
Por Claudia Molina B.| FACTOS – Política Internacional
Una sucesión más en la crisis interminable de Perú
La historia se repite en Perú. El 9 de octubre de 2025, el Congreso declaró la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. Con 92 votos a favor, el Parlamento cerró otro capítulo presidencial y al día siguiente, José Jerí Oré, presidente del Congreso y miembro del partido Somos Perú, asumió como nuevo jefe de Estado.
Para sus seguidores, este proceso fue una sucesión constitucional legítima; para sus opositores, se trató de un golpe parlamentario disfrazado. La interpretación, como es habitual en la política peruana, marca la diferencia.
El uso político de una cláusula constitucional
El artículo 113 de la Constitución permite declarar la vacancia presidencial por “permanente incapacidad moral o física”. Sin embargo, el término de incapacidad moral —ambiguo y sin definición precisa— se ha convertido en un instrumento de control político del Congreso sobre el Ejecutivo, lo que lo convierte en una herramienta de destitución sin parámetros objetivos.
Desde 2018, tres presidentes —Kuczynski, Vizcarra y ahora Boluarte— han sido destituidos bajo este mismo principio. El jurista Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), lo advierte claramente:
“El hecho de que la presidenta no sepa gobernar no implica que sea moralmente incapaz. El Congreso confunde incapacidad moral con ineptitud política. Debatir la vacancia de Boluarte bajo este argumento sería un golpe de Estado desde la perspectiva constitucional.”
— Carlos Mesía, Infobae Perú, 10 de octubre de 2025.
Mesía describe la decisión como “inconstitucional” y crítica al Congreso por utilizar la Carta Magna como un pretexto para hacerse con el poder.
“El Parlamento busca el poder de una manera no prevista en la Constitución. Se trata de un golpe parlamentario,” declaró en el diario Expreso.
Un proceso acelerado y un sucesor preparado
La moción de vacancia contra Boluarte fue presentada, debatida y aprobada en apenas 72 horas, un récord en el caótico sistema político peruano. Mientras tanto, José Jerí, abogado de 38 años y figura emergente de la derecha, ya preparaba su discurso de toma de posesión.
Su partido, Somos Perú, de orientación centro-derecha conservadora, jugó un papel crucial en la coalición que impulsó la destitución. Jerí prometió “reconciliación nacional” y “respeto al Estado de derecho”, aunque su llegada al poder fue interpretada como la culminación de un acuerdo político entre bancadas conservadoras que buscaban controlar el Congreso y el Ejecutivo.
Voces que consideran un golpe desde el Parlamento
Otros constitucionalistas y analistas coinciden con la visión de Mesía. El abogado Joseph Campos, representante legal de Dina Boluarte, afirmó que la vacancia “no tiene fundamentos jurídicos claros” y que, al no demostrarse ninguna causal moral, “se convierte en una herramienta de persecución política”.
“El pedido de vacancia no puede sustentarse únicamente en votos. Sin criterios objetivos, es un abuso del poder legislativo.”
— Joseph Campos, RPP Noticias, 10 de octubre de 2025.
El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla fue aún más contundente en su columna de La República.
“El Congreso repite un patrón de golpes blandos. No hay tanques, pero sí un vaciamiento del sentido democrático. Se utiliza la legalidad como fachada para el abuso de poder.”
— La República, 11 de octubre de 2025.
Por su parte, el académico Omar Cairo Roldán, de la PUCP, recordó que el Tribunal Constitucional ha señalado previamente que la incapacidad moral “no puede ser interpretada libremente” por el Parlamento sin incurrir en abuso constitucional.
Un nuevo presidente con sospechas
La figura de José Jerí también genera controversia. Su nombre está asociado a investigaciones por enriquecimiento ilícito y cobro de coimas durante su gestión como presidente de la Comisión de Presupuesto (2023-2024). Aunque niega los cargos, su ascenso inmediato después de la vacancia de Boluarte alimenta las sospechas de un plan político cuidadosamente elaborado.
Analistas como Rosa María Palacios han caracterizado su llegada al poder como “la consolidación de la captura del Ejecutivo por parte del Congreso”. En sus palabras:
“No rompieron la Constitución, la distorsionaron hasta ajustarse a sus intereses.”
Una democracia que sobrevive en piloto automático
Las calles de Lima, Cusco y Arequipa se llenaron de protestas nuevamente. Los manifestantes exigirán elecciones generales inmediatas, denunciando que la destitución de Boluarte “fue un golpe encubierto detrás de formalidades jurídicas”.
La Defensoría del Pueblo pidió calma y la OEA anunció el envío de una misión de observación para evaluar la continuidad democrática.
A nivel internacional, varios analistas han señalado que Perú enfrenta un patrón de “inestabilidad institucional crónica”, donde el Congreso opera como actor hegemónico y desestabilizador.
El golpe que no se llama golpe
El caso de Dina Boluarte reabre una herida en el sistema político peruano: una Constitución que permite destituir a un presidente sin límites objetivos y un Congreso que usa esa ambigüedad para ejercer poder.
Legalmente, el proceso fue irreprochable. Políticamente, como advirtió Carlos Mesía, fue “un golpe de Estado desde la perspectiva constitucional”.
El país, una vez más, se encuentra atrapado entre la rigidez de la ley y el espíritu de la democracia.
Con Información de factos.cl
