Economista, Instituto Igualdad
Ante el fracaso de las AFP en proporcionar pensiones dignas, los trabajadores han iniciado una lucha contra este sistema, establecido por la dictadura como el modelo de pensiones. Cabe destacar que, sin la presencia de las AFP, el desarrollo del mercado de capitales en el país hubiera sido muy diferente, lo que hoy permite la participación de empresas extranjeras en esta industria.
Es crucial notar que los trabajadores son quienes financian sus propias pensiones a través de un sistema de ahorro obligatorio basado en la capitalización individual, donde estos fondos se destinan principalmente a grandes empresas.
La regulación laxa permite que las empresas accedan a estos ahorros previsionales, pero no garantiza que se utilicen para mejorar las pensiones. Las AFP no han demostrado ser un verdadero sistema de pensiones, sino más bien un mecanismo que sostiene al gran capital, que carece de fronteras. Hasta ahora, en Chile no se ha podido regular la salida de capitales, lo que ha limitado la disponibilidad de recursos para un desarrollo económico sostenible.
Es fundamental avanzar en la creación de un sistema de seguridad social que mejore las pensiones rápidamente. Actualmente, no hay condiciones políticas o espacio suficiente para escapar a esta realidad, lo que ha llevado a aprobar las reformas propuestas por el gobierno con el apoyo de la oposición. Esto es un avance que permite acumular fuerzas para continuar con las reformas necesarias para un mejor sistema de seguridad social. Este gobierno democrático, aunque sin mayoría parlamentaria, ha logrado aprobar una reforma de pensiones a través de una ley de más de 700 páginas que beneficia especialmente a las mujeres, lo que representa un importante paso para fortalecer nuestro sistema de seguridad social.
Las pensiones futuras de los afiliados a las AFP podrían verse favorecidas con un aumento del ahorro previsional individual al 16%, financiado sin nuevos impuestos, los cuales han sido rechazados sistemáticamente por la derecha. Además, se avanza en reforzar el rol del Estado para mejorar la seguridad social y aumentar las pensiones más bajas, apoyando la PGU, mejorando las pensiones para las mujeres y promoviendo la competitividad en esta industria.
El impulso para la reforma de pensiones se basa en un sólido proyecto progresista. A pesar de no contar con mayoría parlamentaria, el gobierno perseveró en el proceso legislativo. Retirar el proyecto a un año del fin del mandato del presidente Boric contradice su compromiso programático. Observando la experiencia con el proyecto de reforma tributaria, que se encuentra estancado o en retroceso, la reforma previsional se convierte en el legado del gobierno.
Mejora de la PGU
La situación política no ha favorecido la eliminación de la capitalización individual, que es el núcleo del sistema de las AFP. Sin embargo, se logró apoyo de la derecha dialogante para implementar cambios, permitiendo que el Estado, mediante un préstamo de los mismos afiliados, contribuya al financiamiento del pilar solidario, que incluye la mejora de la PGU y la nivelación de las pensiones de las mujeres.
Si el gobierno hubiera retirado el proyecto de reforma previsional, es probable que en las próximas elecciones la derecha tuviera mayores posibilidades de triunfo. Mediante negociación continua, el gobierno puede dejar un legado de esfuerzos legislativos en favor del pueblo y sus demandas insatisfechas.
La derecha ha aprovechado la oportunidad para hacer campaña en este año electoral, atribuyéndose los logros de la ley aprobada, como hizo Piñera al mencionar la PGU creada por la presidenta Bachelet, dominando la narrativa en los medios en torno a la reforma recientemente aprobada. Su relato sostiene que gracias a esta reforma se ha mantenido la capitalización individual y la existencia de las AFP que se instauraron durante la dictadura.
Es importante destacar que los sectores progresistas nunca han propuesto eliminar los ahorros previsionales individuales que pueden mejorar las pensiones de los trabajadores. Lo que se ha argumentado es que la historia laboral del país demuestra que las pensiones ofrecidas por las AFP no han cumplido con las tasas de reemplazo prometidas. Esto ha llevado al Estado a cubrir las lagunas previsionales generadas por el desempleo, la baja capitalización por salarios bajos, especialmente entre las mujeres, y el aumento del empleo informal, que produce ingresos precarios.
La derecha, sin embargo, no reconoce que su falta de sensibilidad social le impide valorar un sistema que responda a las pensiones más bajas, catalogándolo erróneamente como un sistema de reparto. La perseverancia del gobierno ha permitido la mejora de las pensiones actuales y ha sentado las bases para la creación de un nuevo sistema de seguridad social con mayor participación estatal.
El gobierno y los partidos que lo integran deben motivarse a defender la ley aprobada, afirmando que sin el trabajo del gobierno y de sus parlamentarios, quienes han logrado dialogar y abrirse a ideas de la oposición, no se habría podido avanzar en mejores condiciones para mujeres y sectores más excluidos en materia de seguridad social.
La derecha no ha perdido la oportunidad de capitalizar políticamente, atribuyéndose los logros de la nueva ley – al igual que lo hizo Piñera al nombrar PGU al pilar solidario instaurado por Bachelet – dominando la comunicación sobre la reforma aprobada. Su narrativa se centra en la preservación de la capitalización individual y de las AFP, originadas en tiempos de dictadura.
El legado que queda es una ley que se logró gracias a un necesario diálogo democrático y acuerdos responsables, priorizando los derechos y necesidades del pueblo y buscando mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. RFI03022025.
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