En una inesperada sesión, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte el 9 de octubre de 2025, al aprobar cuatro mociones que la declaraban en “permanente incapacidad moral”. Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente inseguridad ciudadana y delincuencia organizada, a solo seis meses de las elecciones generales de 2026. Con 122 votos a favor, Boluarte se convierte en una de las líderes más impopulares de América Latina.
La destitución de Boluarte ocurre tras un incidente crítico: un ataque armado durante un concierto de la renombrada banda de cumbia Agua Marina. Esta situación desató la indignación popular y evidenció la inacción del gobierno frente al aumento de la criminalidad. Boluarte, quien asumió el cargo en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, nunca contó con un partido que la respaldara plenamente, y su mandato estuvo marcado por el rechazo y la falta de dirección política.
A pesar de recibir apoyo de fuerzas conservadoras, la desaprobación hacia su gestión fue implacable, con encuestas que reflejaban una aprobación de apenas el 3%. La ausencia de una bancada sólida y su incapacidad para atender las demandas ciudadanas condujeron a su abrupta destitución.
Numerosas investigaciones la envolvieron, desde la violenta represión de manifestaciones hasta acusaciones de enriquecimiento ilícito, lo que afectó gravemente su credibilidad. La salida de Boluarte no solo representa un nuevo capítulo en la política peruana, sino que también pone de relieve la inestabilidad que ha caracterizado a la región en los últimos años.
Ahora, el presidente del Congreso asumirá la presidencia de manera interina hasta la celebración de nuevas elecciones, lo que marca un nuevo horizonte en la política peruana, donde la urgencia por la estabilidad y las reformas es más evidente que nunca.
Con Información de factos.cl
