Desde la Presidencia, se han presentado recursos a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), que ordenó entregar a Tomás Lagomarsino (Indep) los correos institucionales de Carlos Durán, jefe de gabinete del Gobierno, y Miguel Crispi, exjefe de asesores de la Presidencia, en el contexto del caso Monsalve.
De acuerdo con lo informado por Emol, Lagomarsino había solicitado esta información para verificar las gestiones realizadas en busca de un reemplazo para el exsubsecretario del Interior. Inicialmente, su solicitud fue rechazada, pero tras presentar una apelación, el CPLT decidió acogerla.
Frente a esta situación, el abogado Marcelo Chandía Peña, en representación de los órganos del Ejecutivo, presentó un requerimiento para solicitar la tramitación del reclamo de ilegalidad contra la decisión del CPLT, pidiendo que se declare dicha decisión como ilegal y que se considere que la Dirección Administrativa de la Presidencia actuó conforme a la ley.
En el documento, se señala que «la afectación a la seguridad de la nación y el interés nacional» son razones válidas para oponerse a la entrega de la información, ya que los correos electrónicos en cuestión son de alta sensibilidad, dada la naturaleza de los roles que desempeñan los asesores mencionados, quienes son colaboradores directos del Presidente de la República.
El texto también afirma que «el Consejo para la Transparencia resolvió este caso de manera flagrante e ilegal, exigiendo la entrega de información que no se alinea con lo estipulado por la Ley de Transparencia y la jurisprudencia aplicable, lo que obliga a la Presidencia a entregar correos electrónicos no protegidos por dichas normativas».
En respuesta, el diputado Lagomarsino indicó: “Por la boca muere el pez. El FA fue muy crítico por la falta de entrega de correos durante la pandemia y ahora, en este caso, están haciendo exactamente lo mismo. A veces, las críticas inapropiadas deben considerarse con más cuidado”.
“Busco información que sustente lo que ellos mismos mencionaron en la comisión investigadora, para verificar si efectivamente realizaron gestiones desde el 14. Por mi parte, voy a llegar hasta el final para requerir esta información, esperando que la institucionalidad se pronuncie a favor de uno y poder acceder a esos correos”, dijo.
Destacó que “no se trata de solicitar correos de 2-3 meses. Es algo muy específico: los correos del 14, cuando dijeron que el Presidente pidió iniciar gestiones para buscar un reemplazo, y del 18, cuando se solicitó la renuncia de Monsalve. Estoy pidiendo esos cinco días específicamente para verificar si esas gestiones realmente tuvieron lugar”.
Con Información de www.lanacion.cl