A 40 días del polémico intento de compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno, persisten las repercusiones políticas, ya que se pretendía convertir la propiedad en un museo.
El escándalo mediático provocó la renuncia de la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Además, a principios de enero, el Congreso aprobó la creación de una comisión investigadora para esclarecer las posibles responsabilidades en este asunto.
El 30 de enero, CIPER publicó un reportaje que reveló que la exministra Sandoval y su equipo habían advertido a la Presidencia sobre los problemas de comunicación que podría suscitar la compra de la casa de Allende, señalando posibles “cuestionamientos éticos”.
La inquietud radicaba en que la operación, valorada en cerca de 1.000 millones de pesos, beneficiaba a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora socialista Isabel Allende, familiares directas del exmandatario y propietarias del inmueble.
Según la investigación del medio digital, Sandoval contactó a Leonardo Moreno, asesor de la Presidencia, para manifestarle su preocupación. Durante esa llamada, se abordaron las posibles repercusiones políticas y mediáticas de la transacción, así como otras opciones para adquirir la propiedad que finalmente fueron descartadas. Sin embargo, no se mencionó que la compra era inconstitucional.
Es importante recordar que la Constitución prohíbe que un ministro mantenga contratos con el Estado. Según se estipula en la Carta Fundamental, “Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”.
Por esta razón, el caso está siendo investigado por un presunto fraude al fisco, bajo la supervisión del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Advertencias sobre ilegalidades en la compra de la casa de Allende ignoradas por la Presidencia
A raíz de la polémica generada por estos antecedentes, el 10 de febrero, CIPER publicó un nuevo reportaje que confirma que la Presidencia recibió alertas sobre las implicaciones legales de la compra de la casa de Allende.
De acuerdo a la publicación, estas advertencias se presentaron en al menos dos reuniones celebradas en mayo y octubre de 2024.
«La situación fue discutida directamente con el asesor de la Presidencia que gestionó esta operación, Leonardo Moreno, y la abogada Bernardita Nazar, también asesora de La Moneda. En dichas reuniones se expusieron los problemas legales de la compraventa de la casa, relacionados con el conflicto de interés que representaba cerrar el trato con una ministra de Estado en ejercicio», señaló CIPER.
El reportaje también reveló que entre abril y octubre de 2024 se realizaron varias reuniones que incluyeron a los jefes de gabinete de los ministros de Bienes Nacionales y de las Culturas y las Artes, así como a los asesores de la Presidencia.
Según el testimonio de personas involucradas en el proceso de compraventa y en las reuniones para concretar la operación, cuya identidad se mantiene en reserva, la primera advertencia ocurrió en una reunión entre mayo y junio del año pasado.
Los asesores de la Presidencia convocaron al jefe de gabinete del Ministerio de las Culturas, Gonzalo Pinto, y a la jefa de gabinete de Bienes Nacionales, Denisse Hernández, a un encuentro en el Palacio de Gobierno para integrar oficialmente al Ministerio de Bienes Nacionales en el proceso de compra de las casas de Patricio Aylwin y Salvador Allende, para convertirlas en museos.
Durante estos encuentros se discutieron acciones para agilizar la adquisición, ya que se requería que la compra se concretara en 2024, cumpliendo con la instrucción presidencial.
Según CIPER, tanto Pinto como Hernández alertaron a los asesores de la Presidencia sobre los problemas jurídicos significativos de la compra del inmueble de la familia Allende, así como el conflicto de interés de adquirir una casa perteneciente a una ministra en ejercicio. Además, mencionaron las posibles repercusiones políticas y comunicacionales de la operación.
En una reunión posterior realizada en las cercanías de La Moneda, donde participaron los asesores presidenciales Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, junto a la jefa de gabinete de la entonces ministra Sandoval, Denisse Hernández, y la jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, se hicieron advertencias sobre la afectación a las normas que rigen el proceso administrativo, así como el posible conflicto de interés con la ministra Fernández y las potenciales faltas a la probidad al llevar a cabo una venta de un inmueble con un miembro del gabinete.
La fallida venta de la casa de Allende implica a Boric
El episodio de la fallida venta de la casa de Salvador Allende ha impactado al presidente Gabriel Boric, quien ahora es objeto de atención judicial, luego de que la Fiscalía Regional de Coquimbo abriera una investigación tras recibir una nueva querella en su contra.
La acción legal fue presentada el 22 de enero ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por la Fundación Fuerza Ciudadana, acusando al mandatario de malversación de fondos públicos debido a un contrato millonario firmado con el abogado Jonatan Valenzuela.
Este acuerdo, que supera los 13 millones de pesos, fue establecido para que Valenzuela representara al presidente en la investigación relacionada con la fallida operación.
El Ministerio Público ha acogido diligencias solicitadas por el abogado Raimundo Palamara, representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, quien pide que se requiera al Gobierno la resolución que justificó la contratación del profesional por la suma mencionada, junto con toda la documentación relacionada, así como información sobre el pago al defensor privado, según informa La Tercera.
Con Información de www.elciudadano.com