A raíz de las inapropiadas filtraciones de conversaciones privadas por WhatsApp entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ambas del Partido Comunista, el columnista Carlos Peña expresó su opinión en el artículo «La profesión indiscreta» en El Mercurio. Peña argumenta que no tiene sentido criticar a los periodistas por divulgar dichas conversaciones, ya que están cumpliendo con su deber profesional.
Los responsables de las filtraciones son el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, y algunos miembros de la Policía de Investigaciones (PDI), lo que configura un asunto delicado con justificación legal.
Estaríamos completamente de acuerdo con Peña si estas filtraciones estuvieran directamente vinculadas a la investigación que el Ministerio Público está llevando a cabo. Sin embargo, es discutible que en nuestra democracia se pueda expresar cualquier cosa sin considerar sus motivaciones y consecuencias. Creemos que es legítimo que ciertos actores privados utilicen la pluma para criticar a sus oponentes políticos, como ha hecho Peña en su columna, al igual que otros con ideologías similares. Este incidente representa una imposición de relatos.
Desde la óptica del interés público, los medios de comunicación de derecha y algunos considerados independientes, pero que están controlados por poderes económicos, a menudo se niegan a informar sobre prácticas comerciales indebidas cometidas por sus principales anunciantes y financistas. Esto es comprensible si entendemos que la libertad de expresión se maneja de manera selectiva en función de los hechos noticiosos. Estos medios, en virtud de su rol en la sociedad, calculan cuidadosamente antes de publicar noticias, ya que no pueden incomodar a la élite que representa el 1% de la población del país.
No obstante, no debemos perder de vista que las fake news, que buscan distorsionar la realidad, proliferan en redes sociales y en medios escritos, elaboradas con un lenguaje cuidado, y se comentan meticulosamente en canales de televisión y radio, que están bajo el control de poderosas sociedades y, en algunos casos, fondos de inversión extranjeros. Este fenómeno se presenta en muchos países, pues el negocio de la mentira es esencial para mantener el desigual sistema económico, ya que las élites que sostienen la estructura financiera desean continuar disfrutando de sus privilegios otorgados por gobiernos complacientes.
Nos gustaría que Peña y otros cabilderos a favor de intereses particulares, así como la prensa tradicional, se pronuncien sobre la concesión de alrededor de 80 permisos de edificación que llevaron a la construcción de los llamados guetos verticales en la comuna de Estación Central, durante el mandato del alcalde Rodrigo Delgado, del UDI. La Contraloría General de la República los declaró ilegales, una decisión respaldada por diversos fallos de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Hablamos de inversiones cercanas a 2 mil millones de dólares, con todas las torres habitacionales oficialmente recibidas por el municipio.
Este columnista, junto a los arquitectos Miguel Lawner, Miguel Prieto, Jonás Figueroa y el vecino Alejandro Verdugo, presentamos hace aproximadamente 4 años una querella por prevaricación administrativa en el 6° Juzgado de Garantía, sin que hasta la fecha se haya esclarecido el resultado de las investigaciones realizadas por los fiscales asignados. Por ello, sería razonable que la prensa que critica a quienes considera adversarios investigue las razones que tiene la Fiscalía y el sistema judicial para no revelar el resultado de dicha acción en los tribunales.
En otro tema de actualidad, sería interesante saber la opinión de esa prensa dominante sobre el “error” (sic) cometido por los abogados de la municipalidad de Las Condes en los juicios relacionados con un proyecto inmobiliario de dos altas torres, presentado como Conjunto Armónico para obtener beneficios constructivos, aunque el terreno no cumplía con los requisitos para ello. Solo medios verdaderamente independientes han informado que la funcionaria municipal encargada de invalidar el permiso mal otorgado desobedeció una instrucción de la Seremi de Minvu, lo que llevó al alcalde Joaquín Lavín, sin contar con autorización, a firmar la invalidación. Esto resultó en que la Corte Suprema fallara a favor de la inmobiliaria, que alegaba que el alcalde había actuado fuera de sus competencias.
Este error costará al municipio más de 10 millones de dólares en indemnización a la inmobiliaria, que además está obteniendo enormes ganancias al aceptar que su proyecto cumplía con la figura de Conjunto Armónico. Dado que Lavín y su sucesora, Daniela Peñaloza, no pidieron la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para salvaguardar el interés fiscal comprometido, esperamos que la actual alcaldesa, Catalina San Martín, quien proviene de Evópoli, actúe en consecuencia, aunque sea tardíamente, para que este asunto se resuelva adecuadamente, ya que la indemnización es improcedente.
En conclusión, dado que ni Peña ni sus seguidores han expresado opiniones críticas sobre las conductas de los involucrados en estos dos casos de corrupción, estamos convencidos de que la libertad de expresión es solo una aspiración, ya que, en la cobertura de las noticias, prevalecerán siempre los intereses de los privilegiados, quienes son respaldados por los comentaristas de moda.
Con Información de www.elperiodista.cl