Patricio Ibacache Toledo, periodista, magíster en Periodismo Político
En un entorno donde la política se ha vuelto cada vez más mediática, es común ver a alcaldes, concejales y otros funcionarios compartiendo su cotidianidad en redes sociales. Lo que inició como un intento de cercanía se ha convertido en una auténtica industria de autopromoción.
Actualmente, las autoridades no solo cuentan con perfiles personales, sino que también disponen de equipos completos que se encargan de construir sus imágenes: fotógrafos, community managers, diseñadores y editores de video, todo para alimentar una narrativa cuidadosamente diseñada donde la figura de la autoridad es el centro, en vez de actuar como un canal transparente de información institucional.
El problema no radica en la tecnología, sino en la extrema personalización del poder. Las autoridades dejan de representar instituciones y pasan a representar su «marca personal», desdibujando los límites entre lo institucional y lo autopromocional. Información que debería comunicarse por canales oficiales —con vocería técnica, contexto y enfoque público— es reemplazada por historias y frases inspiradoras que aportan poco al debate.
Además, hay otra realidad significativa: las redes sociales no alcanzan a todos. Según datos del INE y estudios como «Hogares Conectados» de Fundación País Digital, el 69,5% de los hogares sin acceso a Internet tiene a alguien mayor de 60 años como jefe de hogar, y muchas veces viven solos.
Según la CASEN 2017, solo el 31,5% de los mayores de 60 años dijo usar Internet, y menos del 23% realiza trámites en línea. A pesar de los avances, un informe de Fundación País Digital indica que solo el 42% de los mayores habría utilizado Internet en los últimos 30 días.
Estas cifras demuestran que construir gran parte de la comunicación pública en redes sociales personales refuerza una exclusión digital que afecta especialmente a quienes más han contribuido a nuestra sociedad. No son ellos quienes gestionan realmente estas cuentas, sino equipos profesionales que editan y filtran el contenido. Entonces, ¿por qué seguimos simulando que es la “autoridad” la que habla directamente?
En un país donde más del 19% de la población tiene 60 años o más, y se proyecta que alcanzará el 31% para 2050, exigir que la comunicación oficial se realice a través de canales institucionales en lugar de personales es una demanda sensata y justa.
Regresar a una comunicación pública más sobria no implica renunciar a la transparencia o la participación. Por el contrario, debe enfocarse en el contenido más que en la imagen. Es necesario restablecer el protagonismo de la institución por encima del individuo, recordando que el cargo es temporal, pero la función pública es permanente.
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