Los partidos de oposición al Gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, anunciaron este martes su intención de bloquear las actividades del Congreso Nacional y continuarán promoviendo la amnistía para quienes participaron en el intento de golpe de Estado, en respuesta al arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023).
«No habrá paz en Brasil, ahora es guerra total», declaró el diputado Sóstenes Cavalcante, portavoz del Partido Liberal (PL), durante su intervención en la Cámara de Diputados.
El partido ultraderechista buscará obstaculizar el funcionamiento de las comisiones y las votaciones en el plenario. Algunos diputados y senadores ya han comenzado a actuar, ocupando las mesas de las dos cámaras legislativas con cintas adhesivas en la boca como forma de protesta.
Esta formación intentará presionar a los líderes de otros partidos de derecha y de centro para que respalden la amnistía para los golpistas (incluyendo a Bolsonaro en caso de condena) y la apertura de un proceso de «impeachment» contra el juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, encargado del caso del expresidente.
A pesar de sus intentos durante meses, los bolsonaristas no han logrado avanzar en estos objetivos, debido a la negativa de los presidentes de la Cámara y del Senado de llevar a votación dichas propuestas y a la falta de respaldo entre los congresistas.
El martes, el diputado Altineu Cortés (también del PL), que es vicepresidente de la Cámara, aseguró en una rueda de prensa que someterá a votación el proyecto de amnistía cuando el presidente de la Cámara, Hugo Motta, no esté presente, lo que le otorgaría plenos poderes para dirigir los trabajos.
El lunes, el juez De Moraes ordenó el arresto domiciliario de Bolsonaro por incumplir medidas cautelares impuestas recientemente.
Ahora, el líder ultraderechista deberá permanecer en su residencia de Brasilia hasta que se dicte la sentencia en su juicio por intento de golpe de Estado; enfrenta cargos por cinco delitos diferentes, que conjuntamente podrían resultar en más de 40 años de prisión.
La oposición alega que hay un abuso de autoridad por parte del juez y sostiene que el expresidente es víctima de una persecución judicial.
Con Información de www.elperiodista.cl
