Por Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad
En Chile, según reportes de prensa, hay aproximadamente 1.500 tomas de terrenos, públicos y privados, tanto urbanos como rurales. La falta de control y fiscalización por parte de municipios y secretarías regionales de Vivienda y Urbanismo ha permitido que familias en situación de vulnerabilidad construyan viviendas precarias en estos lugares.
Desde nuestro punto de vista, los principales «loteos brujos» se encuentran en 3 lugares: Alto Hospicio (región de Tarapacá), Cerrillos y Lampa (en la región metropolitana de Santiago), además del controvertido caso de San Antonio.
La Corte Suprema ha dictado una sentencia que ordena el desalojo de 4.000 familias que ocupan ilegalmente un terreno de 214 hectáreas en San Antonio, el cual pertenece a intereses privados. Sin embargo, la administración de Boric ha decidido, conforme a su programa de gobierno, expropiar 100 hectáreas de este terreno, cuyo rol es el N° 9037-1 del Servicio de Impuestos Internos (SII), localizado en el cerro Centinela. Este terreno cuenta con un escaso avalúo fiscal de poco más de $700 millones y está regulado por el Plan Regulador Comunal (PRC).
Dicha propiedad pertenece desde 1997 a Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., controlada por varias sociedades de inversión. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del Serviu de la 5ª región, ya ha iniciado el proceso de expropiación, utilizando $11 mil millones que originalmente estaban destinados a abordar otras tomas en el sur, pero que no se utilizaron debido a cambios en las regulaciones. De esta manera, se ahorrarán fondos públicos, pues según el ministro Carlos Montes, su ministerio siempre tiene disponibilidad en el presupuesto para emergencias similares; es decir, estamos ante una mera reasignación de recursos.
A finales de 2019, según denuncias de los pobladores, uno de los socios de la empresa, acompañado de arquitectos, los invitó a construir viviendas en este terreno, sin obtener los permisos necesarios de la Dirección de Obras Municipales (DOM). Este hecho fue tolerado por las autoridades de la época, incluyendo al Alcalde Omar Vera, el DOM Armado Sabaj y la Seremi de Vivienda 5ª región, Evelyn Mansilla.
El PRC de San Antonio permite diversos usos del suelo, como residencial, equipamiento, comercio, culto, cultura, deportes, educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicios, y áreas verdes. Igualmente, una porción del terreno está destinada a servicios de infraestructura sanitaria, eléctrica y telecomunicaciones, y se encuentran protegidas cuatro quebradas naturales. La mayor parte del terreno está en la zona ZR4, con una densidad habitacional de 125 viviendas por hectárea.
Este salvataje ha sido criticado, siendo común la frase «saltarse la fila» en referencia a los pobladores. Algunos políticos de derecha critican al gobierno por pasarse el problema al futuro gobierno de Kast, aunque la realidad es que este tipo de medidas ya están en marcha.
Por lo tanto, no debería sorprender a nadie, incluyendo a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). En 2019, cuando se inició la ocupación del terreno, ninguno de los actuales críticos tomó acciones legales contra los invasores. Esto pone de manifiesto que, hace seis años, tanto los dueños del terreno como las autoridades locales estaban conformes con la ocupación planificada e ilegal.
Aprovechamos para expresar al gobierno y al Congreso que es inapropiado y sesgado otorgar subsidios solo para cuotas de créditos hipotecarios para viviendas nuevas, costando millones a los contribuyentes y con el fin de reducir la sobreoferta de estas viviendas en el mercado. Si la clase política hubiera considerado beneficiar a todos los necesitados, que según cifras oficiales son más de 600.000, lo lógico hubiera sido extender esos subsidios a la compra de viviendas usadas. Una vez más, se favorece a la industria de la construcción.
Con Información de www.elperiodista.cl
