Estimado director,
Siguiendo el artículo del abogado y periodista Santiago Escobar Sepúlveda publicado el 12 de marzo, y con la esperanza de contar con su permiso, he tomado la iniciativa de extraer y adaptar algunas partes de su contenido para resaltar la cacería de brujas que actualmente orquesta el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Un deber fundamental del Estado es proteger a sus ciudadanos, escuchando sus solicitudes y gestionándolas a través de los actos administrativos de sus organismos, que deberían llevarse a cabo con total respeto a la legalidad y con criterios uniformes en todo el país.
Sin embargo, en el SAG, la legalidad de ciertos actos administrativos es prácticamente inexistente. A través de diversas Resoluciones Exentas, el Servicio evade o infringe la Constitución, las leyes y decretos que regulan su funcionamiento y acciones. Esto es especialmente crítico en el procedimiento para solicitar la certificación de subdivisiones rústicas, ya sea por parte de los herederos de un predio o de empresas agrícolas que buscan, por seguridad de sus inversiones, separar los roles. En estas situaciones, el SAG comete una serie de arbitrariedades, creando una considerable incertidumbre y decisiones que dependen en gran medida del criterio subjetivo de los funcionarios y sus superiores.
Los mecanismos de control de sus jefaturas, o de la Contraloría General de la República, cuando se llevan a cabo, no brindan protección ni certidumbre a los ciudadanos. Estos organismos revisan y validan decisiones entre ellos sin certificar basándose únicamente en la situación analizada, sino que entremezclan e invocan casos que, al ser revisados, no resultan comparables. En cuanto a la legalidad, aquellos que son interpelados se escudan exclusivamente en alguna resolución exenta, como la polémica 4.788-24 del SAG, desestimando el resto del marco legal que regula tanto los actos administrativos como la conducta de los organismos y funcionarios del Estado. La única coherencia en sus resoluciones parece ser una colusión estatal que busca restringir o impedir que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos de propiedad, tal como lo garantizan la Constitución y el Código Civil.
De este modo, al objetar solicitudes de manera arbitraria, resolviendo con un notable sesgo y ligereza legal, y sin la aplicación oportuna de sanciones adecuadas, la responsabilidad pública de la CGR y del SAG se diluye. Esto agrava el problema y, en el caso del SAG, fomenta la proliferación de funcionarios ineptos, indiferentes y abusivos, que perjudican a los particulares y sobrecargan la burocracia estatal, donde prevalece el despropósito en detrimento de los ciudadanos.
¡Basta ya, señores del SAG!
¡Basta ya, señores de la CGR!
Adolfo Loayza Huerta
Arquitecto U. de Chile.
Con Información de desenfoque.cl