Siete años después de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Chile, el acceso al aborto legal enfrenta serios obstáculos. La objeción de conciencia, inicialmente concebida como una excepción, se ha convertido en un obstáculo estructural que dificulta el ejercicio de este derecho en el sistema público de salud.
Esta realidad es corroborada por el Informe sobre Objeción de Conciencia 2024 de Corporación Humanas, que sistematiza datos oficiales del Ministerio de Salud y evidencia cómo la objeción sigue afectando a mujeres, niñas y personas gestantes, particularmente en casos de violación, donde el impacto es más severo.
Desigualdad territorial y prácticas sistemáticas
A nivel nacional, el 41,6% de los profesionales obstetras en hospitales públicos se manifiestan como objetores en casos de violación. En 14 hospitales del país, más de dos tercios del equipo obstetra se acoge a esta objeción, restringiendo gravemente la atención.
En los hospitales de Cauquenes, Constitución y Lautaro, el 100% del personal obstetra es objetor en estos casos, dejando a quienes requieren atención sin opciones reales.
Las regiones con mayor índice de objeción en casos de violación son O’Higgins (68,9%) y Maule (60%), lo que resalta una profunda desigualdad territorial que limita el derecho según la ubicación geográfica.
El Estado aún tiene tareas pendientes
La objeción de conciencia no debería resultar en la vulneración de los derechos de las pacientes. Sin embargo, en la práctica, el Estado no ha implementado las medidas necesarias para garantizar la atención en todos los establecimientos públicos ni para fiscalizar el uso indebido de la objeción.
Esta situación afecta especialmente a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, quienes frecuentemente enfrentan no solo la revictimización por parte del sistema de salud, sino también la dificultad de acceder a atención médica oportuna y sin juicios morales.
Desde Corporación Humanas se plantean propuestas clave como una regulación estricta y transparente sobre el uso de la objeción de conciencia, tanto individual como institucional; creación de mecanismos eficaces de fiscalización y sanciones ante el incumplimiento de la ley; medidas urgentes para garantizar la equidad territorial, de modo que la ubicación no condicione el acceso al aborto legal; y reconocimiento del aborto como un derecho humano esencial al derecho a la salud y a una vida libre de violencia.
“La modificación del reglamento es una oportunidad para corregir las deficiencias en la implementación de la ley. Sin mecanismos de fiscalización y sanción efectivos en torno a la objeción de conciencia, las barreras para acceder al aborto legal seguirán existiendo”, señala Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas.
Corporación Humanas afirma que la reciente presentación al Congreso Nacional del proyecto de ley de aborto por plazos representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un marco legal que garantice efectivamente la autonomía reproductiva. Por ello, la organización instó al Congreso a «iniciar este debate con visión, centrado en los derechos humanos, la evidencia y la urgencia de una legislación conforme a los estándares internacionales. No se puede seguir negando derechos bajo el pretexto de la objeción. Chile necesita avanzar. Es tiempo de legislar”, enfatizaron.
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