Por Claudia Molina B.| Factos
Se ha desatado un escándalo judicial y de seguridad pública tras la sorpresiva liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, un ciudadano venezolano acusado del homicidio calificado de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, en Ñuñoa el 19 de junio pasado.
Ferrer, señalado por la Fiscalía como parte de una organización criminal vinculada al Tren de Aragua, fue liberado por una resolución firmada por la jueza Irene Rodríguez, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago. El documento que autorizó su salida es legítimo y ha sido validado mediante el código QR oficial del Poder Judicial. No obstante, la liberación sorprendió incluso a la Gendarmería de Chile, que descartó haber sufrido un hackeo y confirmó que actuó conforme a la orden judicial.
La resolución, fechada el 9 de julio, indicaba que se “dejaba sin efecto la prisión preventiva” y se “ordenaba la libertad inmediata” de Ferrer. Tras este incidente, la Fiscalía solicitó nuevamente su detención, pero actualmente el imputado se encuentra prófugo.
Antecedentes de la jueza
Irene Rodríguez es conocida en el ámbito judicial y en la opinión pública. En 2017, fue objeto de críticas por su manejo en otro caso de alto perfil: el megafraude en Carabineros, conocido como “Pacogate”, donde declaró ilegal la detención de 17 funcionarios implicados en un desfalco cercano a 6 mil millones de pesos.
En esa ocasión, el fiscal nacional de ese entonces, Jorge Abbott, calificó la decisión de Rodríguez como un “error”, argumentando que la jueza no aplicó la legislación especial para delitos como el lavado de dinero, que permite que las detenciones se controlen en cualquier tribunal, independientemente de dónde se emitió la orden.
Críticas y sospechas
La liberación de Ferrer ha reavivado las críticas a la gestión judicial en causas criminales complejas, especialmente aquellas que involucran el poder delictivo. Aunque el imputado no pertenece formalmente al Tren de Aragua, según fuentes del caso, tiene información crucial sobre la estructura y liderazgo de esta organización Criminal venezolana.
La opinión pública y varios expertos en seguridad han manifestado su preocupación por la fragilidad institucional evidenciada en estos errores judiciales, que comprometen la confianza ciudadana y las investigaciones delicadas sobre el crimen organizado.
En este momento, el Ministerio Público sigue investigando las circunstancias que rodean esta errónea liberación y continúa la búsqueda de Osmar Ferrer Ramírez.
Con Información de factos.cl
