Por Patricio Herman
En la edición del 30 de enero de 2025 de un periódico de alcance nacional, Juan Armando Vicuña, ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y propietario de la inmobiliaria RVC, expresó su indignación tras el fallo categórico de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del 27 de enero de 2025, que anuló dos permisos de edificación ilegales entregados a su empresa en 2022 por un director de Obras Municipales (DOM) en Viña del Mar, en ese momento inexperto, quien ya se encuentra jubilado. Afortunadamente, esta responsabilidad ahora está en manos de un arquitecto capacitado.
El empresario Vicuña, en un tono desmedido, calificó a los magistrados porteños como «activistas judiciales», alegando que la sentencia genera «incerteza jurídica». En realidad, su frustración debería dirigirse hacia el funcionario municipal que otorgó los permisos de manera errónea, ya que los jueces simplemente aplican la normativa vigente. Su empresa tiene planeado construir cinco edificios con 500 departamentos en una zona reconocida por su riesgo, proyectos que están actualmente detenidos y que serán objeto de revisión por la Corte Suprema en un futuro.
Es crucial que los lectores y, sobre todo, los profesionales del sector de la construcción, comprendan que tanto los Planes Reguladores Intercomunales como los comunales delimitan las zonas donde se prohíbe el desarrollo urbano, debido al potencial peligro para las comunidades. Estas áreas están claramente definidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) como «zonas no edificables» debido a su clasificación como «áreas de riesgo».
Construir viviendas en áreas propensas a inundaciones representa un grave riesgo, tal como lo vivió el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, cuyo prestigioso proyecto inmobiliario, denominado Parque Zapallar, que contemplaba 400 viviendas unifamiliares, resultó inundado en agosto de 2023 tras el incumplimiento de las normativas del Plan Regulador Comunal (PRC) de Curicó. Este plan estipula que el terreno está en riesgo de inundación por el posible desborde del estero Guaiquillo; y así ocurrió lo que muchos anticiparon, causando sufrimiento a las familias que compraron esos inmuebles de buena fe.
Por lo tanto, aconsejamos a Vicuña y sus socios que revisen y comprendan los dictámenes vinculantes N° E986991 del 23/04/2021; N° E58945 del 11/12/2020; N° 36497 del 12/10/2017; N° 25.693 del 27/09/2019; y N° 93.889 del 29/12/2016, emitidos por la Contraloría General de la República sobre esta materia, ya que contienen conclusiones claras. Si no tienen tiempo para buscar esos documentos en internet, pueden referirse al reciente dictamen N° E310 del 02/01/2025, emitido por el subcontralor general de la República, que declaró como ilegales 60 permisos de edificación en una zona inundable de Iquique. Este DOM, siguiendo las directrices de la Contraloría, está procediendo a anular los permisos.
Nos irritó profundamente que Vicuña, ignorando completamente la normativa urbanística actual, utilizara un lenguaje tan despectivo para referirse a los jueces de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esta actitud impropia es similar a la del diputado Johannes Kaiser, un practicante en Chile del estilo de Milei, quien descalificó a los jueces del país llamándolos ‘sicarios’.
Este columnista espera que este diputado ‘libertario’ asuma las consecuencias de sus palabras, si la Corte Suprema así lo exige, puesto que el sicariato es un delito vinculado al crimen organizado. En lo que respecta a las palabras del empresario Vicuña, se comprende que su enojo lo llevó a hacer tales afirmaciones sin justificación, por lo que sería deseable que ofrezca una disculpa pública a los jueces de Valparaíso.
Por Patricio Herman
1 de febrero de 2025
Fuente fotografía [Juan Armando Vicuña]
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