La Ministra de Obras Públicas expresó que “esto refleja el compromiso firme del Gobierno por asegurar un uso adecuado de las aguas y promover la seguridad hídrica”.
Jessica López, Ministra de Obras Públicas, informó sobre el balance de las fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP durante el periodo de enero a julio de 2025. Se resolvieron 1.192 expedientes de fiscalización, de los cuales 434 resultaron en multas, cifras que se mantienen en niveles similares a las del año anterior.
Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas del MOP, aclaró que de las 1.192 fiscalizaciones, un 61% (727) fueron iniciadas por la DGA, lo que indica un esfuerzo proactivo para controlar el uso de recursos hídricos, mientras que el otro 39% se debió a denuncias ciudadanas.
“La DGA ha mantenido el mismo ritmo de fiscalización que el año pasado, que ya había sido récord. Al comparar con el mismo período de 2022, donde se resolvieron 641 expedientes, hemos visto un incremento cercano al doble. Esto se debe al fortalecimiento del equipo de fiscalizadores y la incorporación de tecnología para las inspecciones y análisis. Las fiscalizaciones resueltas en estos siete meses superan las 1.183 realizadas durante todo 2020. Esto demuestra el firme compromiso del Gobierno con el correcto uso del agua y la seguridad hídrica”, destacó la Ministra López.
La secretaria de Estado añadió que “el objetivo de las fiscalizaciones de la DGA no es solo imponer multas, sino prevenir infracciones al Código de Aguas, reflejando nuestro compromiso efectivo en la gestión y protección de los recursos hídricos”.
Las infracciones más comúnmente multadas a nivel nacional fueron: el incumplimiento del Sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (38%); la realización de obras no autorizadas en cauces (37%); extracción no autorizada de aguas (15%); y extracción no autorizada de áridos en cauces (4%).
Las fiscalizaciones involucraron a 766 personas jurídicas (64%) y 426 personas naturales (36%), generando multas acumuladas de 4.525 millones 415 mil pesos (65.659 UTM).
“La ciudadanía también puede participar en la vigilancia reportando posibles infracciones, ya sea en las oficinas de la DGA o a través de un nuevo aplicativo de denuncia digital en nuestro sitio web, que permite georreferenciar el lugar de la infracción, haciéndonos más eficientes en nuestros procedimientos”, explicó Sanhueza.
El director general de Aguas subrayó que, comparado con el año pasado, se ha registrado un incremento en las fiscalizaciones resueltas en las regiones de Atacama y Biobío, con cifras que casi duplican las del mismo período de 2024. A nivel nacional, el 42% de las fiscalizaciones concluidas corresponde a las regiones de Valparaíso (137), Los Lagos (130), Coquimbo (119) y Maule (114).
En cuanto a las multas, las regiones más afectadas fueron Coquimbo con 1.297 millones de pesos (18.829 UTM) y Valparaíso con 1.115 millones de pesos (16.190 UTM), cifras que se mantienen en niveles similares al año anterior.
Fiscalizaciones resueltas: Hasta la fecha, en la macrozona norte (desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo) se concentra el 24% de las fiscalizaciones resueltas, lideradas por la región de Coquimbo con 119, seguida por Antofagasta (62), Atacama (60), Arica y Parinacota (47) y Tarapacá (3).
La macrozona centro (de Valparaíso a Maule) concentra el 31% de las fiscalizaciones cerradas, siendo Valparaíso la región con más resoluciones (137) seguida por Maule (114), O’Higgins (73) y Metropolitana (49).
La macrozona sur (desde Ñuble hasta Los Lagos) abarca el 40% de las fiscalizaciones cerradas, con Los Lagos liderando (130), seguido por La Araucanía (101), Biobío (96), Ñuble (89) y Los Ríos (60).
Finalmente, la macrozona austral representa el 4% de las fiscalizaciones resueltas hasta el momento, con Aysén resolviendo 27 fiscalizaciones y Magallanes 25.
Nueva ley de fiscalización con un procedimiento sancionatorio simplificado: Desde el 23 de abril de este año, la nueva ley de fiscalización implementa un proceso sancionador más ágil que permite la corrección temprana de infracciones menores, ofreciendo un plazo a los usuarios para rectificar antes de ser multados.
Además, se reducen los tiempos de tramitación e incorporan notificaciones digitales, así como descuentos por el pago de multas dentro de los 9 días hábiles posteriores a la notificación, siempre que no se interpongan recursos de reconsideración. “Esto enfoca nuestros esfuerzos en resolver problemas de manera más rápida”, señaló el director de Aguas.
En la Región de Los Ríos se dio el primer caso en el que se aplicó esta opción de allanamiento, permitiendo al infractor aceptar cargos por modificación de cauce y obtener una reducción en la multa. Desde la promulgación de la ley, se han registrado 53 casos similares en los que se otorgó un 25% de descuento sobre la multa mínima.
Anexo 1: Recuadro de expedientes resueltos, número de multas y sus montos.
Valor UTM julio 2025.
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