La Cancillería chilena ha sancionado al Encargado de Negocios interino de la Embajada de Chile en Argentina tras descubrir un sistema financiero informal que operó durante años, caracterizado por pagos en dólar blue, retiros masivos de efectivo, facturas incompatibles y la reconstrucción de documentos para auditorías. Sin embargo, esta práctica persistió aun después de la sanción, y la investigación de FACTOS revela que la economía paralela sigue funcionando en la actualidad, sin que haya habido investigaciones ni sanciones adicionales.
Por Claudia Molina B.| FACTOS
Investigación Especial
En la Embajada de Chile en Buenos Aires, existió durante años una economía paralela que fue ignorada por la ciudadanía, pero que era bien conocida dentro de la misión diplomática. Este sistema incluía pagos en dólares en efectivo, cambios en el mercado informal, proveedores sin identificación y la creación de documentos para eludir auditorías.
El 13 de julio, FACTOS reveló algunos detalles de este entramado. Tras revisar más de tres mil páginas del sumario administrativo iniciado por la Cancillería, la investigación permite reconstruir la situación completa. Aunque el proceso se centró en el período de gestión del Encargado de Negocios interino Alberto Rodríguez Asplillaga, los documentos indican que este mecanismo no se originó con él ni finalizó con su sanción. La economía informal continuó y se normalizó bajo el actual embajador José Antonio Viera-Gallo, quien sigue en su puesto y no enfrenta consecuencias, a pesar de nuevas irregularidades documentadas por FACTOS.
Si la Cancillería sancionó a un encargado por no corregir un sistema heredado, la pregunta es: ¿por qué el embajador titular no enfrenta el mismo tratamiento?
La Fiscal señala que el dólar informal se convirtió en un engranaje habitual de la Embajada, describiendo sin matices lo que se normalizó en esta misión diplomática:
«Se pagó a proveedores en dólares y se cambió a pesos argentinos en el mercado informal.»
(Vista Fiscal, foja 2499)
Esta declaración no se refiere a un incidente aislado, sino a una operación estructurada: pagos en efectivo a proveedores; dólares retirados de bancos chilenos; pesos obtenidos en “cuevas” del centro porteño; y rendiciones incompletas y a menudo reconstruidas a posteriori.
Los funcionarios no ocultaban esta situación entre ellos; de hecho, describían el uso del dólar blue como un método habitual: “lo que siempre se hacía”. Los registros muestran correos internos que evidencian reiterados problemas para cuadrar cuentas, y donde varios funcionarios admiten que el sistema estaba tan instalado que no se intentó modificarlo.
La gravedad no sólo radica en el uso del mercado ilegal argentino, sino también en las repercusiones en Chile: los pagos rara vez eran registrados correctamente en SIGFE, la plataforma que asegura la trazabilidad de los fondos públicos. En la práctica, la embajada operó al margen del sistema financiero estatal.
El uso del dólar blue como política no escrita
Los documentos muestran una serie de escenas repetidas a lo largo de los años: funcionarios diplomáticos —y no administrativos— retiraban grandes sumas de dinero en efectivo; pagos realizados sin el respaldo adecuado; servicios contratados sin acreditación tributaria; proveedores recibían sobres con dinero; y rendiciones que se organizaban solo cuando la auditoría estaba a la vista.
Un funcionario, interrogado por el actuaria en Buenos Aires, lo sintetizó así:
«Siempre se usó blue, porque si no, no alcanzaba para pagar.»
La investigación revela que el uso del mercado informal prevaleció durante el tiempo en que Rodríguez Asplillaga estuvo al frente. Sin embargo, también muestra que este sistema no comenzó con él y no terminó con él. Esta práctica existía antes de su gestión y continúa bajo el embajador José Antonio Viera-Gallo, quien no ha corregido los mecanismos señalados y donde FACTOS ha documentado nuevas irregularidades y tensiones laborales:
«Funcionarios diplomáticos concurrían a bancos a retirar grandes sumas en efectivo, que luego se utilizaban para pagar servicios sin el respaldo formal correspondiente.»
(Vista Fiscal, foja 2502)
Esta descripción es incompatible con cualquier estándar moderno de administración pública.
Facturas que no coinciden, recibos a mano y proveedores sin registro
El expediente no solo contiene sospechas, sino pruebas contundentes. Documentos que demuestran que las facturas corresponden a emisores que no son los receptores; recibos manuscritos sin número de identificación; proveedores que nunca se registraron formalmente; y pagos realizados sin boletas válidas, respaldos que se elaboraron posteriormente para cumplir con auditorías.
Un caso representativo se encuentra en las fojas 861–865 del Tomo 3: un proveedor recibió USD 5.000 en efectivo, sin transferencia bancaria, sin RUT o DNI, y sin firma verificable; solo un papel escrito a mano.
En otra observación, una empresa emite la factura, pero el pago es cobrado por una persona completamente diferente. Para la Fiscalía, esto no es un simple desajuste contable, es evidencia de un circuito paralelo de pagos.
Además, la Vista Fiscal observa con precisión: “Algunos documentos fueron preparados solo para fines de fiscalización”, lo cual sugiere que no hubo respaldo real del gasto, sino que simplemente se fabricó una versión burocrática.
Esto no es desorden; es un método.
El Centro Cultural Matta y el misterio del convenio inexistente
La falta de claridad financiera no se limitaba a pagos locales; también afectaba al Centro Cultural Matta (CCMatta), administrado desde la embajada. En agosto de 2023, se transfirieron ARS 800.000 a la organización ACRA. La factura existe, al igual que la transferencia y el comprobante emitido.
Sin embargo, un informe interno del Ministerio indica que “el convenio CCMATTA–ACRA no aparece en los registros de Cancillería”.
Este hallazgo se vuelve aún más desconcertante al revisar el mismo tomo: allí se encuentra un convenio firmado entre ambas entidades. ¿Cómo puede existir y no existir al mismo tiempo un acuerdo que permite transferencias públicas?
Para la Fiscalía, la explicación es sencilla: la embajada operaba en una zona gris, donde coexistían documentos oficiales, incompletos y otros que nunca se registraron en Santiago. Un sistema paralelo en el que la trazabilidad dependía más de la voluntad de los funcionarios que de las normas del Estado.
La respuesta del Ministerio: omisiones confirmadas, responsabilidades abiertas
El diagnóstico institucional es contundente: “Se evidencia una falta de control generalizada en la Embajada de Chile en Argentina durante el período investigado.”
(Vista Fiscal, foja 2488)
La falta de control se atribuye a Alberto Rodríguez Asplillaga, quien no supervisó adecuadamente y permitió la continuidad del sistema.
Sin embargo, el sumario revela que el sistema no se originó ni se extinguió con él, lo que evidencia un vacío institucional significativo.
Bajo la administración del embajador José Antonio Viera-Gallo, FACTOS ha documentado irregularidades administrativas, denuncias laborales y la persistencia de prácticas financieras poco transparentes.
A pesar de ello, no hay sumario ni sanciones en relación al periodo actual. El criterio aplicado a uno no es el mismo que al otro.
Las sanciones: la inconsistencia del criterio institucional
El Ministerio sancionó a Rodríguez Asplillaga —ahora embajador de Chile en Marruecos— con un 10% de descuento en su sueldo, multó al jefe administrativo y amonestó a la encargada de gestión cultural. Sus recursos fueron rechazados con la tajante observación: “La defensa no logra desvirtuar los hechos.” (Resolución Exenta 1311)
No obstante, lo que se consideró irregular durante su gestión continúa vigente bajo el embajador titular, sin que el Ministerio haya tomado ninguna decisión.
La conclusión institucional es incómoda: la Cancillería castiga al jefe interino, pero omite revisar la continuidad del sistema bajo el embajador titular.
Una economía paralela en una misión diplomática
El análisis es claro: la embajada ha operado —y sigue operando— con una economía paralela que se sitúa al margen del sistema financiero estatal. Este mecanismo se basa en dólares en efectivo, cambios ilegales, proveedores no registrados, rendiciones reconstruidas y autoridades que no ejecutan controles.
Es un sistema activo. Un sistema vigente. Un sistema que —según los documentos— no se limita al periodo sancionado. La Fiscal lo resume de manera precisa: “Irregularidades sistemáticas.”
En una misión diplomática, esto no es un detalle; es un síntoma institucional y apenas el primer capítulo.
Transparencia y respaldos FACTOS
FACTOS siempre pone a disposición pública los documentos utilizados en cada investigación, lo cual permite la verificación independiente de los datos y fechas citados. No obstante, esta vez los documentos estarán disponibles una vez que el medio haya concluido la publicación de la información completa.
Con Información de factos.cl
