Abogada especializada en derechos humanos.
El asesinato de Sara Millerey no es un hecho aislado. Forma parte de una violencia que se presenta con diferentes nombres en distintos países, pero que tiene una raíz común: la transfobia estructural. Cuando el tortura y el homicidio de una mujer trans no conmueven a toda la nación, hay un fallo profundo en la sociedad que nos obliga a reflexionar sobre lo que acontece en Chile.
América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para las personas trans. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, se registraron al menos 255 asesinatos de personas trans y de género diverso en la región, según el Trans Murder Monitoring de Transgender Europe (TGEU). Sin embargo, las cifras no reflejan la magnitud de esta violencia, que no solo es física, sino también simbólica, institucional y cotidiana. Comienza en la niñez, con el rechazo, el silencio y el acoso escolar. Se manifiesta a través de la exclusión en los sistemas de salud, educación y empleo, y muchas veces culmina en tragedia.
La situación en Chile no es muy diferente. A pesar de contar con una Ley Antidiscriminación desde 2012, su aplicación ha sido limitada y frecuentemente simbólica. El proyecto actual para modificar y fortalecer esta ley (que se encuentra en Comisión Mixta tras ser rechazado por la Cámara de Diputados) propone avances significativos: creación de instituciones especializadas, reparación a víctimas, sanciones más claras y la prohibición de las llamadas “terapias reparativas”. Sin embargo, ha sido resistido con argumentos que perpetúan estigmas, distorsionan el debate y bloquean derechos.
Recientemente, el Tribunal Constitucional decidió, aunque rechazó la prohibición del financiamiento público para tratamientos hormonales en niñez y adolescentes trans, evidenció discursos políticos que continúan intentando restringir derechos, poniendo en peligro el acceso a la salud. Mientras las vidas trans permanecen bajo el ataque del prejuicio, los avances legislativos son considerados como concesiones ideológicas en lugar de verse como garantías fundamentales.
Sara no fue asesinada por un incidente aislado. Fue víctima de un contexto estructural que continúa permitiendo —y a menudo justificando— la violencia hacia las personas trans. Este acto brutal revela todas las fallas del sistema, desde la falta de políticas públicas efectivas hasta la renuencia institucional a reconocer identidades que desafían las normas establecidas.
Abogar por justicia para las personas trans no es solo una demanda ideológica, sino una exigencia jurídica, ética y profundamente humana. La dignidad no debería estar sometida al miedo ni la existencia ser un condicionante para el derecho a vivir.
En un momento en que Chile debate nuevamente si avanzar o retroceder en materia de no discriminación, este crimen nos recuerda que no se trata únicamente de leyes, sino de vidas reales. De la voluntad política para asegurar que nadie tenga que pagar con su vida el precio de ser quien es.
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