La suspensión se activó antes del plazo estipulado por razones administrativas, dejando a pacientes sin acceso a atención médica y provocando la pérdida de órganos destinados a trasplantes.
Por Claudia Molina B.| FACTOS – Reportajes
El 13 de septiembre pasado, la empresa de transporte aeromédico AEROTAC tuvo un incidente con una de sus aeronaves. Afortunadamente, no hubo muertes ni personas gravemente heridas. Sin embargo, lo que podría haber sido un hecho aislado en investigación, se convirtió en una decisión inesperada: la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) suspendió el Certificado de Operador Aéreo (AOC) de la compañía, deteniendo toda su operación a nivel nacional.
Según un documento exclusivo al que FACTOS tuvo acceso, la decisión firmada el 15 de septiembre por el Director General de Aeronáutica Civil, Carlos Madina Díaz, no se basó en criterios técnicos de seguridad relacionados con el incidente, sino en aspectos administrativos y de gestión interna.
Una resolución inquietante
La justificación principal de la autoridad aeronáutica es que AEROTAC no habría cumplido con la entrega del plan de implementación de su Manual de Seguridad Operacional (SMS), aunque en una reunión presencial con la DGAC en agosto, se comprometió a presentarlo.
Una fuente interna de la DGAC, que solicitó mantener su identidad reservada, reveló a FACTOS que la empresa presentó el documento la semana siguiente. Lo sorprendente es que para el 15 de septiembre ya se había firmado la resolución de suspensión. La misma fuente agregó: “el plazo de entrega era más amplio, lo que hace curioso que la sanción se anticipara”,“todavía estaba vigente el plazo final”. Esto plantea la interrogante: ¿cómo puede sancionarse a una empresa antes del vencimiento del plazo establecido?
La decisión de la DGAC no solo dejó a la compañía aérea en tierra, sino que también privó al sistema de salud del tiempo necesario para mitigar las consecuencias de esta acción. Como resultado, decenas de pacientes de “urgencia” quedaron sin poder acceder a traslados médicos imprescindibles. Lamentablemente, una paciente falleció a pesar de que había aeronaves disponibles para su traslado. Se trata de M.A.G.J., de 65 años, quien sufrió una disección aórtica, condición crítica que requiere atención inmediata. El vuelo que debía llevarla de Copiapó a Santiago no pudo realizarse, y su muerte sucedió el 23 de septiembre. Este caso resalta la seriedad de la negligencia, con especialistas advirtiendo que más vidas podrían perderse debido a esta misma decisión.
La situación se agrava en el ámbito de los traslados de órganos para trasplantes, donde la empresa sancionada desempeñaba un papel crucial. Documentos internos evidencian la pérdida de órganos de donantes que debían ser trasladados rápidamente para salvar vidas de pacientes en espera. Actualmente, estas personas han visto frustrada su única oportunidad de sobrevivir debido a decisiones administrativas.
Lo contradictorio es que, a pesar de que la DGAC justifica la medida aludiendo a “riesgos operacionales” que pudieran afectar la seguridad de los vuelos, los datos disponibles sugieren que los hallazgos no están relacionados con problemas técnicos ni con la operación de las aeronaves, sino con cuestiones administrativas. En otras palabras, la sanción no se basó en un peligro concreto para la seguridad de vuelos, sino en trámites burocráticos sin impacto inmediato en la seguridad de pacientes, tripulación o aeronaves.
Surge la pregunta inevitable: ¿quién asume la responsabilidad por esta decisión? ¿Cómo es posible que el Director General de la DGAC haya priorizado criterios burocráticos, ignorando el bien común y las necesidades de salud pública del país? La paradoja es inquietante: en nombre de la “seguridad operacional”, se ha creado un entorno de inseguridad vital para quienes más requerían de este servicio.
El contexto: fiscalizaciones previas y compromisos incumplidos
El documento revela que la DGAC había realizado fiscalizaciones a la empresa el 16 de junio, señalando observaciones que debían ser corregidas. En julio, la compañía fue notificada sobre la necesidad de presentar planes de mejora.
Aunque la empresa asumió compromisos con la autoridad en agosto, la DGAC determinó que no cumplió en los plazos establecidos. Esta falta administrativa y no hallazgos de riesgos operacionales inmediatos fue lo que dio lugar a la severa sanción.
Una medida desproporcionada
Expertos en el sector consultados por FACTOS advierten que la suspensión total de un operador aéreo debe aplicarse solo cuando hay un riesgo probado e inminente para la seguridad de los vuelos. En este caso, la sanción se fundamenta en la falta de un documento administrativo, sin relación directa con el reciente accidente ni con la operatividad inmediata de las aeronaves.
Además, la rapidez de la medida es llamativa: apenas dos días tras el incidente, el 15 de septiembre, la DGAC ya había emitido la orden de suspensión. Esta celeridad, sumada a la ausencia de fundamentos técnicos en la resolución, sugiere que la decisión fue más política o administrativa que una medida de seguridad real.
El impacto: pacientes en riesgo y servicios interrumpidos
La resolución afecta no solo a la compañía, sino también a los cientos de pacientes críticos que dependen de los traslados aeromédicos. AEROTAC desempeñaba un papel vital en regiones extremas del país donde el tiempo de respuesta en emergencias marca la diferencia entre la vida y la muerte.
La medida ha creado un vacío operativo en el sistema de urgencias aéreas, obligando al Estado a improvisar alternativas costosas y de menor cobertura.
Preguntas sin respuesta
El caso plantea interrogantes que la DGAC debería aclarar a la opinión pública:
- ¿Por qué se impuso la sanción más severa sin evidencias de riesgo técnico inminente?
- ¿Se analizó el impacto en la red de transporte aeromédico antes de dejar en tierra toda la flota?
- ¿Qué motivaciones llevaron a tomar una decisión administrativa con tanta premura?
FACTOS trató de obtener la versión de la empresa AEROTAC, pero desde la compañía indican que, por ahora, no se pronunciarán al respecto. Mientras tanto, el futuro de AEROTAC y la seguridad de los pacientes que requieren traslados aéreos urgentes permanecen en una situación incierta. Esta medida, más que precautoria, ha abierto un debate sobre la transparencia y proporcionalidad en las decisiones de la DGAC, que no puede actuar sin tener en cuenta las autoridades competentes como el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La DGAC no puede operar a su antojo como si estuviera por encima del bien y el mal, ni decidir quién vive o quién no.
Con Información de factos.cl
