La Democracia Cristiana ha planteado un nuevo interrogante al presidente electo, José Antonio Kast, después de que su bancada de diputados solicitara a la Contraloría General de la República y al Servicio Civil que evalúen la legalidad del programa “Futuro Público”, promovido por su equipo de transición. Esta iniciativa busca reclutar a profesionales menores de 35 años para capacitarlos y crear una base de datos accesible para el próximo gobierno.
Desde la colectividad han expresado su preocupación respecto al mecanismo utilizado, argumentando que no se ajusta a las normativas que regulan el acceso al servicio público. Según el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, el Estado cuenta con procesos de selección “rigurosos e imparciales”, administrados por el Servicio Civil, y cualquier alternativa paralela podría comprometer esos principios.
En este contexto, el parlamentario advirtió que el programa podría transmitir un mensaje erróneo sobre la meritocracia y la igualdad de oportunidades en la administración pública. Desde la DC, se considera que esta iniciativa podría ser percibida más como un método de reclutamiento político que como un proceso centrado exclusivamente en la idoneidad profesional.
Por ello, la bancada ha solicitado a los organismos pertinentes que determinen si el programa se ajusta a la normativa legal vigente y si constituye un mecanismo válido para la incorporación a la administración pública. La respuesta de la Contraloría y del Servicio Civil será crucial para aclarar las dudas expresadas y establecer criterios claros antes del inicio del próximo gobierno.
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