Por Miguel M. Reyes Almarza*
Resulta inquietante, y a la vez alarmantemente común, la relación que ciertos líderes políticos han establecido con la verdad. No me refiero a interpretaciones dudosas o tácticas estratégicas propias de la democracia, sino a cifras fabricadas, comparaciones absurdas, amenazas ficticias y un uso constante de falacias como eje de sus campañas. Este es el verdadero “nuevo orden comunicacional”: un entorno donde gobernar no implica datos verídicos, sino audiencias complacientes; donde convencer es más atractivo que razonar; y donde los asesores se concentran en ensayos de imagen en lugar de en propuestas sólidas.
El reciente debate presidencial de ANATEL evidenció esto de manera contundente. Afirmar con confianza que en Chile “mueren 1.200.000 personas asesinadas al año” no es simplemente un error numérico; es crear un ambiente emocional. Este es un recurso discursivo que se fundamenta en la falacia ad baculum, que apela al miedo. Tal técnica, advertida por manuales de argumentación como una de las más eficaces y dañinas para el juicio democrático, resulta inquietante no solo porque la cifra real en 2024 fue de alrededor de 1.200 homicidios, sino porque una parte significativa del electorado escuchó la declaración impasible, y debido al sesgo de confirmación, otros aceptaron tal falsedad como la verdad.
La gravedad de la situación va más allá de una mala campaña o de un caso aislado de fact-checking. Plantea una cuestión crítica:
¿Qué sucede cuando un país entero toma decisiones basándose en un mapa que no refleja la realidad?
Y más específicamente:
¿Podemos exigir responsabilidad a nuestros líderes si hemos aceptado seguirlos sin un juicio crítico sobre sus promesas?
La gobernabilidad —esa palabra que los candidatos repiten como un mantra— no se basa en paisajes ilusorios. Un presidente puede ganar utilizando engaños— ya ha sucedido antes, y ha demostrado ser efectivo—, pero resulta difícil gobernar bajo esas premisas.
La paradoja: la comunicación falaz triunfa
Desde la perspectiva de la comunicación política, esto no es sorprendente. Los discursos más efectivos no siempre son los más verídicos, sino aquellos que resuenan con las emociones del electorado. En un país donde la inseguridad se ha convertido en el sentimiento predominante —aunque las estadísticas no avalen tal alarma—, exagerar puede resultar beneficioso.
Este principio explica cómo un dato falso sobre desempleo (“más de un millón de desocupados”, frente a cifras oficiales de aproximadamente 866 mil) puede generar una percepción de crisis económica desproporcionada. No se trata de minimizar el problema; es inadmisible que la cesantía alcance esos niveles. Sin embargo, “un millón” provoca un cortocircuito mental que va más allá de la experiencia cotidiana, movilizando a los votantes hacia un sentimiento de urgencia. Como un premio de lotería.
Esto se relaciona con una de las falacias más simples y poderosas: la generalización apresurada, donde unos pocos casos se convierten en “la norma”. Un video viral de un asalto, por ejemplo, puede transformar un incidente aislado en una regla general. Así, los políticos no crean emociones: las gestionan, moldean y, sobre todo, las explotan.
Sin embargo, la efectividad comunicativa no garantiza la legitimidad democrática. A esto se suma la imprecisión intencionada, la criminalización -donde un grupo es culpable mientras el otro es considerado la solución- o la táctica de desvío, es decir, cambiar el foco del debate hacia otro tema que alimente el descontento social. Por ejemplo, un candidato con altas probabilidades de ganar puede responder a cada pregunta con la frase “la culpa la tiene el gobierno”, ignorando interrogantes sobre su propio programa, como la eliminación de la ley de 40 horas. Esto desvía la atención de lo realmente consultado, generando confusión entre sus interlocutores y la audiencia en general.
Un discurso puede ganar elecciones; no obstante, eso no asegura la gobernabilidad en un país.
Los gobiernos necesitan diagnósticos reales para formular políticas públicas efectivas. Cuando el discurso se construye sobre distorsiones deliberadas, el país queda en manos de quienes no saben —o no quieren— diferenciar entre estrategia y realidad. A contrario sensu de lo que muchos creen, aquí “el relato mata al dato”.
Millennials, centennials y el nuevo analfabetismo cívico
Además, hay una dimensión generacional que agrava esta problemática. Las nuevas generaciones, que consumen información a través de un scroll infinito, son particularmente susceptibles a la comunicación política cargada de afirmaciones simplistas, emocionales y poco verificables.
No porque sean “ingenuos”, sino porque su entorno informativo no está diseñado para la verificación, sino para la viralización. Verificar la fuente se percibe como “una pérdida de tiempo” innecesaria, especialmente cuando el fenómeno masivo ya ha sido legitimado por el trend, el hashtag o la certeza de los likes.
Un adolescente puede ver 100 videos al día sin retener una sola fuente confiable. Un joven puede escuchar una afirmación alarmante en un debate, encontrarla repetida en TikTok con música dramática, y asumir —por simple efecto de repetición— que es correcta. El slogan, tanto en publicidad como en propaganda, nunca será cuestionado si no se comprende la necesidad y el deber cívico de hacerlo.
Además de esto, existe un factor estructural que preferimos ignorar: Chile tiene una deuda histórica en educación cívica. Desde su eliminación en los años 90 y su tímido regreso en 2016, generaciones enteras han crecido con conocimientos cívicos limitados.
Según el Estudio Nacional de Educación Cívica (ENEC) del Ministerio de Educación, el 81% de los estudiantes de 8° básico no comprende plenamente conceptos fundamentales sobre el funcionamiento del Estado. ¿Cómo entonces exigir que distingan entre una falacia y un discurso legítimo? ¿Cómo pedirles que reconozcan una manipulación emocional si nunca se les enseñó a analizar el discurso político como un objeto susceptible de examen?
La vulnerabilidad comunicacional de los jóvenes no es un defecto generacional, sino una consecuencia institucional. Para muchos, la política se ha convertido en un espacio de distinción más que de convicción.
El riesgo político: gobernar un país confundido
La verdadera amenaza no radica únicamente en que un candidato use datos falsos —eso, tristemente, es un fenómeno global—, sino en que toda una comunidad política acepte estas falsedades como parte normal del debate. Incluso los periodistas, al intentar discernir si son relaciones públicas o militantes, pueden caer en la trampa de no cuestionar con rigor las afirmaciones. Así, detalles irrelevantes como las multas de Tag de una candidata pueden recibir más atención que las falsedades que surgen en el debate.
En un mismo discurso, se mezclan afirmaciones reales, como la cantidad de violaciones —cerca de 3.000 al año— y las muertes en listas de espera de hospitales —alrededor de 40.000 anualmente— que, efectivamente, se alinean con datos públicos; con exageraciones sobre situaciones del país, como el famoso “millón” de desempleados o intentar comparar el número de denuncias de migración regular con el total de personas señaladas (sabido es que un individuo puede tener múltiples denuncias o haber salido del país). Además, según el Servicio Nacional de Migraciones, la migración irregular ha disminuido un 49% desde 2021, que fue el pico bajo la administración de Sebastián Piñera. Tal combinación, del tipo “gato por liebre”, complica discernir entre lo verdadero y lo ficticio, especialmente para un público que no valida datos.
Más allá de los números, lo preocupante es la estrategia. Esta exageración no busca fomentar un debate serio sobre inseguridad, desempleo o políticas sociales, sino generar miedo, dramatizar un colapso ficticio y ofrecerse como “la solución urgente”. Se prioriza la emoción por encima de la evidencia, y la adrenalina retórica por sobre la reflexión.
Cuando la opinión pública se construye a partir de percepciones manipuladas, los gobiernos dejan de ser administradores del bien común y se convierten en curadores del malestar. La ciudadanía termina votando por obligación más que por convicción, buscando calmar emociones y atacando a la oposición, en lugar de buscar un beneficio colectivo.
Y así surge la paradoja más peligrosa:
Los candidatos que más dependen de falacias son los que menos preparados están para gobernar.
Una política pública no puede diseñarse a partir de datos falsos. Un presupuesto no puede justificarse en percepciones “viralizadas”. Una estrategia de seguridad no puede fundamentarse en la ficción de una masacre anual digna de una guerra civil imaginaria.
El país necesita estadistas, no influencers políticos.
La democracia no sobrevive a partir de percepciones
La gobernabilidad se inicia en la verdad, incluso cuando resulta incómoda, e incluso cuando no beneficia durante una campaña. Una comunidad que renuncia a la verdad como criterio de orientación renuncia a la deliberación. Sin deliberación no hay democracia: solo marketing político.
La pregunta que debemos hacernos no es si el discurso falaz es efectivo —ya sabemos que lo es—, sino si estamos dispuestos a permitir que quienes gobiernen Chile lo hagan bajo esa lógica. Entregar el país a quienes fabrican sus datos equivale a un acto de fe: confiar en que la realidad se adaptará al relato, que la retórica del miedo será la senda hacia el paraíso terrenal.
Pero la realidad —persistente, obstinada, implacable— siempre termina cobrando cuentas. Y, como suele suceder, quienes menos lo merecen son los que deben pagarlas: la ciudadanía.
Todo aquel que, alejado de privilegios -el 85% de los ciudadanos en Chile está inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH), ya sea porque tienen o buscan un subsidio estatal- y víctima del acceso limitado a información de calidad, sufre el colapso del hastío ante tanta confusión mediática, lo que puede inclinar la balanza hacia decisiones que, incluso, podrían empeorar su calidad de vida.
* Periodista e investigador en pensamiento crítico.
Con Información de www.elperiodista.cl
