El juez Óscar Meriño, del 2° Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Santiago, conocido por sus “millonarios perdonazos”, ha sido destituido de su puesto por decisión del Pleno de la Corte Suprema, debido a sus evaluaciones insatisfactorias.
Meriño fue sancionado por nombrar de manera irregular a peritos en varias causas y enfrentó una investigación disciplinaria a raíz de dos evaluaciones negativas. Además, fue sometido a un análisis por posibles pagos indebidos relacionados con su desempeño laboral.
Su destitución fue el resultado de un proceso que se activó tras recibir una calificación de 2.9 en su evaluación laboral, en una escala donde el máximo es siete; esta fue la segunda evaluación consecutiva con una nota considerada «deficiente», al obtener menos de tres.
La calificación negativa le fue notificada el 21 de enero, lo que llevó a una nueva suspensión inmediata del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Calificaciones negativas y suspensiones
No obstante, esta acción marcó el inicio de un procedimiento de destitución. Según el Código Orgánico de Tribunales (artículo 278 bis), un funcionario debe ser removido después de recibir dos evaluaciones consecutivas con calificación deficiente.
En octubre de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago impuso a Meriño una primera suspensión de cuatro meses “con goce de medio sueldo”, por haber favorecido a peritos contables con los que tenía vínculos.
La investigación administrativa, liderada por el fiscal judicial Daniel Calvo, halló que el juez había estado involucrado en el nombramiento irregular de peritos en al menos diez casos entre 2018 y 2021. Los peritos señalados en esos procedimientos fueron, principalmente, Teresa del Pilar Gaete Navarro, Sergio Castro Rivero y José García Donoso.
Aunque la investigación no logró demostrar la recepción de sobornos por parte de Meriño para concretar los nombramientos, sí detectó irregularidades financieras que llamaron la atención del Pleno del tribunal.
Entre 2018 y 2021, el magistrado realizó una serie de “transacciones bancarias dudosas”, justificadas como pagos de arriendo de ocho departamentos en Colina, que arrendaba a migrantes por montos entre $120 mil y $130 mil mensuales.
En el fallo de 74 páginas, la Corte indicó que se confirmaron “múltiples transferencias de dinero y movimientos financieros” del juez, cuyo origen y justificación “no han sido completamente esclarecidos”.
Estos movimientos incluían transferencias de $18,8 millones de la sociedad Mejías San Martín, constituida por su madre y su hermano, a quienes emitió boletas de honorarios por “servicios no especificados”. Además, recibió $3,3 millones de su pareja, Auddy Graterol Rivero, quien, a su vez, había recibido dinero de una de las peritas designadas por Meriño.
Asimismo, se registraron transferencias a su hermano por $118 millones y a su asistente del tribunal por $4,5 millones. También se detectaron depósitos de terceros no identificados por un monto total de $30 millones.
Conforme al expediente administrativo, Meriño también habría nombrado perito a uno de sus socios, con quien mantenía la Fundación Fiscalía y Justicia.
Entre otros antecedentes evaluados, se encontró que Meriño había producido un podcast en YouTube, donde invitó a uno de los profesionales que luego designaría para las auditorías contables.
Aunque estas irregularidades “no permiten establecer de manera inequívoca” que correspondan a una contraprestación por los nombramientos irregulares de peritos, “dada la magnitud y frecuencia de dichos movimientos financieros, así como la falta de explicaciones satisfactorias por parte del juez Meriño, se generan dudas sobre la integridad de su conducta financiera y su posible impacto en el ejercicio de sus funciones judiciales”.
“Perdonazos” del juez Meriño
A pesar de que la investigación administrativa no reunió pruebas tangibles sobre los traspasos al juez, en noviembre de 2024, la Unidad de Investigación de El Mostrador realizó un cruce de información entre los diez casos con irregularidades en el nombramiento de peritos y las sentencias finales de las mismas causas que fueron cuestionadas. El resultado fue que en todos los casos se dictó un “ha lugar”.
“En todas las causas donde el juez Meriño impuso a un perito, los fallos fueron favorables al contribuyente demandante, total o parcialmente, generando una significativa pérdida fiscal en la recaudación de impuestos”, afirmó el medio mencionado.
La función de los tribunales tributarios se enfoca en resolver conflictos entre los contribuyentes y organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII), y en este ámbito surgieron cuestionamientos hacia Óscar Meriño.
La Fiscalía Centro Norte, liderada por el fiscal Jaime Retamal, mantiene una investigación por cohecho, que involucra tanto al controvertido juez como a otros tres funcionarios del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, y que aún está abierta.
Dentro de este proceso, el fiscal se ha concentrado en indagar en los últimos cinco años y examina cerca de 50 causas que transitaron por el tribunal del juez.
Estas 50 causas comparten un elemento en común: la realización de peritajes contables en procedimientos de contribuyentes que tienen altos montos de impuestos adeudados, lo que suele realizarse de forma excepcional debido al alto costo que implican.
Se ha señalado también que se empleaba a personas externas en estos informes, y en las 50 causas bajo investigación se repiten al menos cinco peritos, lo que ha levantado sospechas dado que las designaciones deberían ser “aleatorias”, para evitar que siempre caigan en los mismos expertos.
Los antecedentes indican que incluso en algunos casos se habría “sugerido” el nombre de ciertos peritos.
Es relevante mencionar que tanto la investigación administrativa, dirigida por el fiscal judicial Daniel Calvo, como la pesquisa realizada por el fiscal Jaime Retamal, de la unidad de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, se llevan a cabo de forma paralela al llamado caso Hermosilla, que incluye el pago de sobornos a funcionarios públicos.
Intento de Óscar Meriño por revertir sus bajas calificaciones
Según lo informado por El Mostrador, para intentar revertir su baja nota, el juez Óscar Meriño presentó un recurso de protección contra la ministra Romy Rutherford, quien había propuesto calificarlo con un 2.7. Sin embargo, esta acción no resultó exitosa, y su destitución del Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago fue formalizada el 5 de marzo.
La resolución del Pleno de la Corte Suprema fue comunicada a la administración zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Oficina de Concursos y a la Oficina de Calificaciones de la Corte de Apelaciones, así como a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y al Tribunal de Contratación Pública, al Ministerio de Hacienda y al Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana.
Con Información de www.elciudadano.com