No hay duda de que la Mujer del Año es la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Su sencillez, claridad y contundencia en la toma de decisiones políticas se destacan en un ambiente caracterizado por la mediocridad y los lugares comunes.
Entre las iniciativas impulsadas por la contralora se encuentra un informe elaborado por una Comisión Asesora Externa de la CGR, presidida por José Antonio Gómez, exministro de Justicia y Defensa en administraciones anteriores. Este informe, entregado formalmente en la primera semana de diciembre de 2025, lleva el significativo título “Medidas para el Fortalecimiento Institucional en el Combate a la Corrupción”.
A pesar de ser un trabajo meticuloso y de alta calidad técnica, que se convertirá en lectura esencial para entender la administración del país en los próximos años, se percibe una ausencia significativa en su contenido: no se hace mención clara al Poder Judicial ni a organismos bajo su dependencia, como la Corporación Administrativa (CAPJ), al abordar la necesidad de reducir “los espacios de opacidad” en el Estado.
Para la opinión pública, el funcionamiento de la justicia es crucial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La confianza ciudadana reside en los jueces y tribunales, donde se espera que los procedimientos sean justos y que la ley se aplique de manera equitativa a todos. Sin embargo, esta confianza está en duda en el contexto actual, marcado por una crisis de probidad dentro del sistema judicial.
Si bien el informe menciona explícitamente esos espacios de opacidad, se refiere preferentemente a órganos constitucionales autónomos secundarios para ilustrar las dificultades de control basadas en sus respectivos fueros, como el Consejo Nacional de Televisión y el Tribunal Constitucional. Además, se hacen breves referencias al Poder Legislativo y al Ministerio Público, pero no se aborda directamente al Poder Judicial. Por tanto, la conexión entre este último y el tema se debe inferir de manera indirecta.
El Poder Judicial, en su necesidad de superar la crisis actual, deberá trabajar en estrecha colaboración con la CGR, buscando una interacción más funcional y coordinada. Este proceso se volverá necesario en los próximos dos años, especialmente para implementar las legislaciones requeridas para digitalizar el estado en Chile. Sin embargo, este objetivo se complica debido al hermetismo característico del Poder Judicial, que enfrenta uno de sus mayores desafíos en esta área.
La táctica suave del informe de asesoría externa podría ser un intento de diplomacia administrativa por parte de Dorothy Pérez, dado que otra mujer, Gloria Chevesich, fue elegida para presidir la Corte Suprema, y se considera una firme defensora de la ética en el desempeño judicial así como de los fueros del Poder Judicial.
Recientemente, se supo que Mario Lara Orellana, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la CAPJ, habría vendido un software exclusivo al Poder Judicial de República Dominicana. La ministra Chevesich, al ser parte del Consejo Superior de la CAPJ, acordó con sus colegas realizar una investigación secreta sobre el asunto “para no dañar más la imagen del Poder Judicial” (sic).
Dada su trayectoria, es poco probable que Gloria Chevesich, en medio de la actual crisis del Poder Judicial, desee o pueda alinearse con la estrategia de transparencia y digitalización promovida por Dorothy Pérez. Su mandato al frente de la Corte Suprema es de dos años, en un contexto de significativos intereses internos y una historia llena de oscuridad. Además, su elección se basó en una unanimidad de un perfecto empate en la votación que la eligió.
Las primeras indicaciones sobre si habrá colaboración o confrontación entre la Contraloría y el Poder Judicial se podrán observar a partir del 1 de marzo de 2026, cuando Chevesich asuma la presidencia de la Corte Suprema, primero a través de su discurso y luego mediante las acciones que tome, si es que las lleva a cabo.
Es conocido que los arreglos de corrupción y los vicios dentro del Poder Judicial dependen en gran medida de la falta de control sobre la CAPJ y de la autonomía con la que opera, algo que Chevesich entiende bien. Como exmiembro del Consejo Superior, sabe que esta institución actúa como una puerta de acceso a un tribunal amistoso (casos como Camiones Truchos, Quiebra de Curauma, Insolvencia Transfronteriza de Latam), permite manipular archivos penales y acceder a medios de comunicación del Poder Judicial, financiados por todos los ciudadanos. Esta se ha convertido en la zona más opaca del Poder Judicial, donde se manejan recursos y en gran medida es responsabilidad de los miembros de la Corte Suprema que se haya llegado a este punto. Desmantelar esta estructura será parte del desafío que enfrenta. No obstante, no será una tarea sencilla, ya que involucra no solo cuestiones económicas, sino también normas y procedimientos que han sido transgredidos y que requieren solución.
Con Información de desenfoque.cl
