Recientemente, la Contraloría General de la República, bajo la dirección de la actual contralora Dorothy Pérez, ha publicado los informes consolidados de información circularizada (CIC), que han generado gran interés.
Desde su lanzamiento el 3 de enero de 2025, se han presentado 15 informes, entre los cuales destacan aquellos relacionados con funcionarios y empleados del Estado que, mientras estaban de licencia médica, habrían salido del país. Algunos de estos permisos se habrían obtenido de manera fraudulenta, mientras que se realizó un informe diferenciado para los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Con el objetivo de informar y fomentar el debate público, la contralora General ha instado a todas las entidades gubernamentales, ministerios, subsecretarías, organismos descentralizados, fuerzas armadas, carabineros y municipios a implementar procedimientos administrativos para sancionar a los funcionarios que se habrían ausentado de sus labores mientras se encontraban en el extranjero, situación que contradice el reposo médico concedido.
La labor del organismo contralor ha implicado un cruce de datos entre diversas bases, incluyendo la información de la Policía de Investigaciones sobre los pasos fronterizos y las licencias médicas gestionadas por la COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), que depende del Ministerio de Salud y se ocupa de evaluar la salud y capacidad laboral de los ciudadanos.
El análisis realizado sugiere que no puede haber recuperación si una persona a la que se le ha otorgado reposo se encuentra en el extranjero, un hallazgo que ha resonado tanto en la opinión pública como en el gobierno.
En un esfuerzo por mantener el respeto a la Constitución y a las leyes, así como el principio de probidad, que es tan fundamental como a menudo olvidado, la Contraloría ha ordenado la realización de sumarios administrativos y la aplicación de sanciones ejemplares en la administración pública. Sin embargo, surge la pregunta: ¿se aplica el mismo criterio a todos?
Para las Fuerzas Armadas y de Orden, se solicitó un informe en un plazo de 72 horas sobre la instrucción de los sumarios. Las instrucciones desde el Ministerio de Defensa fueron precisas. El próximo lunes 11 de agosto, se espera la comparecencia de la ministra de Defensa y los comandantes en jefe ante la Comisión Especial Investigadora del caso de “licencias médicas” en la Cámara de Diputados, con resultados que deben ser de carácter ejemplar.
Curiosamente, los plazos impuestos a la administración municipal y a otros organismos civiles fueron menos estrictos. Recientemente, el 5 de agosto, San Bernardo se convirtió en la primera comuna en enviar los resultados de sus procesos sumariales, proponiendo 11 destituciones de un total de 63 casos, con el resto resolviéndose durante agosto, transcurriendo 77 días desde el CIC N°9, fechado el 20 de mayo.
En el ámbito militar, los plazos establecidos por el Ministerio de Defensa son más rigurosos, entendiendo la jerarquía y la obligación de cumplimiento en estas instituciones.
Sin embargo, el problema radica en que no se puede exigir la sanción sin conducir una investigación previa adecuada y justa. En muchos casos, parece que ya se ha tomado una decisión sobre la sanción, incluso antes de escuchar al investigado, basándose simplemente en su inclusión en la lista de funcionarios que la Contraloría ha compartido con las instituciones.
¿Qué ocurre entonces con los casos específicos?
La respuesta es difícil de formular si el organismo encargado de la justicia administrativa ya ha dictaminado el destino de los funcionarios. No hay espacio para evaluar la conducta previa o para reconocer que el Estado ha invertido recursos significativos en la formación y especialización de su personal, en contraste con el ámbito civil. Existen casos de militares que recibieron una licencia médica tras ingresar al país el mismo día, circunstancias que el informe de la Policía de Investigaciones no puede especificar en cuanto al tiempo, ni el tipo de licencia; algunas pueden haber sido concedidas tras consultas legítimas que podrían mitigar la sanción. Todo esto parece estar siendo ignorado, ya que prevalece la obligación de cumplir sin cuestionamientos la directriz que la contralora ha marcado, en detrimento de un principio fundamental del sistema legal chileno que prohíbe la responsabilidad objetiva o «automática», exigiendo siempre un análisis individual de cada conducta que se pretenda sancionar.
La Contraloría se encuentra en una encrucijada, y las decisiones apresuradas impulsadas por intereses personales se alejan de la misión del Estado, menoscabando las obligaciones básicas hacia sus funcionarios.
Con Información de desenfoque.cl
