La comisión revisora decidió no aprobar la Acusación Constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, relacionada con la fallida adquisición de la vivienda del expresidente Salvador Allende.
En la sesión de hoy, la votación resultó en cuatro votos en contra y uno a favor, lo que implica que el libelo, presentado por parlamentarios de la oposición, no obtuvo respaldo. Este informe desfavorable se someterá a votación en la Sala de la Cámara de Diputados este miércoles.
El presidente de la comisión, Jaime Naranjo, criticó la falta de participación de los legisladores que formularon la Acusación Constitucional. “Nunca asistieron a la comisión, ni los diez diputados y diputadas presentaron una opinión al respecto; lo dejaron caer y abandonaron la iniciativa”, comentó.
Según informa Emol, el diputado Leonardo Soto (PS) argumentó que el libelo se fundamenta principalmente en recortes de prensa, enlaces a plataformas online y noticias falsas, y añadió que “al analizar los antecedentes, no se encuentran fundamentos sólidos que justifiquen una posible infracción constitucional que amerite aplicar las prohibiciones establecidas en la Constitución”.
Por su parte, la diputada Emilia Schneider (FA) indicó que “ya hay otras instancias judiciales y en esta misma Cámara investigando los hechos denunciados; no es apropiado imponer una sanción tan drástica mientras estos procesos aún están abiertos”.
El diputado Alexis Sepúlveda (PR) reconoció que “aunque el contrato no se concretó, lo cual comparto, existe una gran responsabilidad política aquí”.
Además, afirmó que “hay responsabilidades, el gobierno las asumió con la salida de la ministra de Bienes Sociales y la exministra. Creo que, en política, eso debería dar por cerrado el asunto. Y dado que el contrato nunca se perfeccionó, lo jurídico no sostiene la acusación y lo político ya está resuelto”.
El diputado Jorge Durán (RN), el único que votó a favor de la acusación, expresó que “permitir que esta conducta no sea sancionada afecta el principio de igualdad ante la ley y podría interpretarse como un trato privilegiado hacia la exministra”.
“Existen fundamentos sólidos que justifican su avance, basados en la responsabilidad política que se mantiene más allá de su cese en el cargo, la violación del artículo 37 bis de la Constitución, y el conocimiento que la exministra debió tener sobre dicha prohibición”, concluyó.
Con Información de www.lanacion.cl