El Ministro de Educación expresó su agradecimiento a los parlamentarios por respaldar esta iniciativa, que ahora será discutida en la sala legislativa, y solicitó que se acelere su tratamiento, dado que es un proyecto muy esperado por las comunidades educativas.
La Comisión de Educación del Senado aprobó de manera unánime y en términos generales el proyecto de ley sobre Convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, promovido por el Ministerio de Educación, el cual será revisado ahora por la Sala.
El Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó el avance del proyecto y agradeció a los senadores por este significativo paso, que busca mejorar la convivencia educativa en beneficio de educadores, estudiantes, padres, madres y apoderados.
Este proyecto de ley fue presentado en junio del año pasado y durante su debate en la Comisión de Educación del Senado participaron aproximadamente quince expositores. “Este proyecto es prioritario, ya que responde a una demanda de las comunidades educativas. Es fundamental acelerar su discusión debido a la urgencia que tiene para ellas. El Mineduc atenderá también las observaciones realizadas”, añadió el ministro.
Proyecto de Convivencia
El proyecto de ley establece nuevos estándares para la gestión de la convivencia en las instituciones educativas, actualizando los reglamentos internos y el Plan de Gestión de la Convivencia Educativa. Asimismo, incorpora capacitaciones de la Superintendencia de Educación y crea la figura del Coordinador de Convivencia Educativa, un profesional dedicado de manera exclusiva y con jornada completa.
En cuanto al bienestar de los equipos educativos, se busca reforzar la autoridad pedagógica y proteger los derechos de los trabajadores de la educación, mejorando los estatutos laborales y los procedimientos para calificar enfermedades profesionales por estrés laboral. También se asegurará que los establecimientos tengan la capacidad de denunciar incidentes de agresión contra sus trabajadores.
El proyecto destaca la importancia de la prevención y actuación para proteger a todos los miembros de la comunidad, estipulando que los adultos en las comunidades educativas deben informar de forma oportuna sobre cualquier situación de acoso, violencia o discriminación que conozcan.
Además, los establecimientos estarán obligados a implementar medidas preventivas, los sostenedores deberán asegurar una respuesta rápida y los procedimientos disciplinarios tendrán que garantizar imparcialidad, privacidad, proporcionalidad y agilidad.
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