Ex concejal y ex director laboral del Banco del Estado.
La norma que entró en vigor el 1 de agosto ha generado una fuerte reacción en la opinión pública. Esta disposición de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), un organismo autónomo vinculado al Ministerio de Hacienda, pone fin al uso de la tarjeta de coordenadas que la banca chilena utiliza para validar transacciones financieras.
Aunque es importante que las instituciones se preocupen por la seguridad de las operaciones financieras, debemos garantizar que los sectores más vulnerables, como los adultos mayores, estén protegidos e integrados en las nuevas soluciones. Esto no ha ocurrido en este caso.
La eliminación de la tarjeta de coordenadas contradice la retórica de inclusión digital y alerta sobre el creciente uso de tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial, que, si no se maneja adecuadamente, podría aumentar la exclusión social.
Si seguimos implementando herramientas digitales complejas sin una adecuada consulta social, estaremos en un mal camino. La modernización no debería significar más discriminación en un país que ya enfrenta problemas de exclusión.
Aquellos familiarizados con estas tecnologías sabemos que existen sectores, incluidos jóvenes, que tienen dificultades con las interfaces digitales, además de comunidades con acceso limitado a Internet, como se evidenció durante la pandemia.
Los adultos mayores, que hicieron un gran esfuerzo por adaptarse a la tarjeta de coordenadas, se encuentran nuevamente en una situación estresante ante el cambio impuesto por una institución que no considera el contexto social en el que actúa. La decisión de eliminarla, basada en criterios meramente técnicos, traslada la presión al usuario-cliente.
Al sustituir un sistema de autenticación por una aplicación más avanzada, es esencial garantizar una transición segura, clara y gradual. Una comunicación previa y educativa es crucial, sobre todo para los adultos mayores y otros grupos que requieren apoyo.
Un enfoque gradual, con soporte accesible y materiales simples, es fundamental para evitar desconfianza, errores o exclusión financiera, especialmente para quienes más necesitan protección ante cambios tecnológicos.
Sin embargo, no se observan medidas que sugieran un proceso de implementación gradual entre herramientas, salvo un breve comunicado de los bancos informando a sus clientes sobre la disposición de la CMF. No hay pilotos, corrección de errores o un despliegue escalonado que facilite una transición controlada.
Si lo digital se considera una opción de vida importante, lo que representa comodidad para algunos, puede ser una pesadilla para otros, constituyendo una forma moderna de marginación. La inclusión digital se logra ofreciendo distintos caminos hacia un destino accesible y seguro. La única opción hegemónica propuesta por la CMF vulnera el derecho de los adultos mayores a acceder a sus fondos en igualdad de condiciones.
El camino hacia sistemas híbridos es, ante todo, un acto de respeto e inclusión para quienes elijan interactuar de manera presencial o digital, utilizando herramientas accesibles y sencillas. Este enfoque promueve la creación de ecosistemas que coexisten.
Desafortunadamente, este respeto y inclusión no ha estado presente en esta medida.
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