Como es habitual en Chile, las disputas políticas comienzan mucho antes de lo estipulado por la Ley Electoral. Los más de 22 partidos coinciden en que, a más tardar en marzo, deberían definirse los candidatos presidenciales y al Parlamento. Sin embargo, el escenario es incierto debido a la avalancha de autoproclamados aspirantes, de los cuales solo uno o dos probablemente logren estar en las boletas electorales.
Tras el mandato de Gabriel Boric, muchos creen tener lo necesario para alcanzar La Moneda, apoyándose en su juventud, breve trayectoria y la suerte de haber quedado como el único candidato tras la exclusión de los demás. Esto se debe más a la percepción de evitar un mal mayor que a méritos personales, ya que se teme la victoria de un comunista o de un ultraderechista.
Después de tres años de gobierno, esta dualidad sigue presente: el oficialismo busca, con desesperación, un candidato o candidata que evite el triunfo de la derecha, la cual, según las encuestas, mantiene una ventaja considerable. Sin embargo, las tendencias pueden cambiar drásticamente dependiendo de los candidatos y su capacidad para «ordenar a sus filas», como se espera.
Lo más evidente es que, en esta ocasión, no estarán en competencia ideologías, programas o “proyectos históricos” como en el pasado. Ahora, la prioridad de los partidos es conseguir o mantener el poder para ocupar los miles de cargos públicos, que suelen estar mejor remunerados que los de la iniciativa privada. Por ello, las agrupaciones políticas son vistas, en gran medida, como agencias de empleo, donde la afiliación es un fenómeno caracterizado por el constante cambio de militantes entre diferentes colectivos, según lo indiquen las proyecciones electorales.
Hasta ahora, se reconoce que Boric logrará cumplir con solo una parte muy limitada de sus promesas electorales. Esto se debe a que algunas eran endebles y a que la oposición no está dispuesta a que se reconozca la actual gestión gubernamental. Poco importa la dirección de estas reformas o las expectativas ciudadanas en un país donde el dinero y la propaganda juegan un papel crucial en la elección de sus autoridades. Un ejemplo es la reciente y tibia reforma previsional que dejó insatisfechos a casi todos los pensionados, pero que tanto oficialistas como opositores se vieron obligados a acordar en el Congreso Nacional para mitigar los efectos electorales de una nueva postergación.
A febrero, queda claro que los partidos del gobierno no han podido unirse en torno a un candidato presidencial que logre más del 10 por ciento de apoyo ciudadano. Por ello, todos esperan que la ex presidenta Michelle Bachelet acepte una nueva postulación, algo que muchos consideran incierto por su edad y por el deseo de numerosos militantes y simpatizantes de ver surgir una figura nueva entre las diversas agrupaciones del autodenominado socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, así como otros referentes de perfil ideológico menos claro, aunque con clara ambición de poder.
En la derecha, la candidatura de Evelyn Matthei asciende en las encuestas, superando el 20 o 23 por ciento, lo que la posiciona como una de las opciones más fuertes del sector. Sin embargo, su camino se ve obstaculizado por los postulantes José Antonio Kast y Johannes Kaiser, quienes están decididos a competir en la primera vuelta electoral y superar a la candidata de los tres partidos que integran Chile Vamos. El objetivo es enfrentarse en una segunda vuelta contra Bachelet o el candidato oficialista.
Se habla de ultraderechas y ultraizquierdas como alternativas que deben mantenerse acotadas, tal como ocurrió en elecciones anteriores. Sin embargo, existe un fuerte descontento social que podría llevar a los comunistas a dejar de estar a medio camino entre La Moneda y las calles.
Mientras tanto, algunos candidatos se resisten a unirse a Matthei por la necesidad de canalizar el descontento del electorado de derecha que está molesto con las concesiones políticas de Renovación Nacional, UDI y Evópoli hacia las propuestas del oficialismo. Asimismo, hay quienes están descontentos con la postura de esos sectores respecto al legado de Pinochet y las razones que justificaron su respaldo al Golpe de 1973. De hecho, ya se escuchan propuestas para erigir un monumento al ex Dictador, similar a las homenajes a quienes ocupan la presidencia.
Sin duda, una posible candidatura de Bachelet podría calmar las corrientes disidentes dentro del oficialismo. Una única candidatura opositora prácticamente aseguraría el regreso de la derecha a La Moneda y una significativa representación en el Parlamento, como sucedió con el extinto Sebastián Piñera, quien posiblemente estaría impulsando también un tercer mandato presidencial en un país con una memoria política muy breve, donde se levantan estatuas a los gobernantes más desafortunados.
Si las fórmulas «salvadoras» no funcionan y persiste la dispersión, podríamos ver a fin de año una avalancha de postulantes, dado que reunir el número requerido de patrocinadores según la Ley es relativamente fácil. Incluso podría surgir un líder (un outsider) que desafíe a la clase política y asuma las demandas populares que han sido ahogadas.
Todo esto se desarrolla en un contexto de voto obligatorio, implementado hace algunos años para hacer frente al creciente ausentismo electoral y la escasa credibilidad en la democracia. Esto evidencia la falta de representatividad de aquellos que se jactan de ser elegidos por el pueblo, en un país con muy baja educación cívica, alto analfabetismo estructural, profundas desigualdades sociales y escasa diversidad informativa, como reflejan las cifras oficiales y de la OCDE, así como la realidad de cientos de campamentos y la amenaza inminente de desalojar a muchas personas por mandato legal.
En un entorno donde la tendencia es votar más en contra que a favor, eligiendo el mal menor en lugar de buscar el bien mayor.
Por Juan Pablo Cárdenas S.
Política y Utopía, 24 de febrero de 2025.
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