Un informe de la Contraloría General de la República revela vulnerabilidades en cárceles, control de armas, drogas y fronteras que amenazan directamente la seguridad pública.
La Contraloría General de la República (CGR) ha lanzado una advertencia importante sobre el funcionamiento de áreas críticas del Estado relacionadas con la seguridad pública, al detectar fallas graves y repetitivas en las cárceles, el control de armas, el manejo de drogas y los procedimientos policiales.
El Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N°1 de 2025, elaborado por la División de Fiscalización, compila hallazgos de 62 auditorías realizadas entre enero de 2023 y julio de 2025, muchos de los cuales son reservados debido a su naturaleza sensible. El informe pone de manifiesto riesgos sistémicos que desafían la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado.
En el ámbito carcelario, la CGR ha encontrado que solo 10 de los 79 centros penitenciarios del país cuentan con sistemas para bloquear la señal celular, lo que representa un escaso 12,7%. Además, se reportaron problemas en la activación de estos sistemas, lapsos sin bloqueo efectivo y la posibilidad de conexión a través de WiFi, lo que socava el control interno. También se destacó la falta de planificación en operaciones de allanamiento: durante 2024, 70 cárceles no realizaron procedimientos ordinarios.
El informe registró irregularidades en los ingresos a las instalaciones penitenciarias, indicando que 1.279 internos recibieron visitas a pesar de estar prohibidas y que 1.539 personas accedieron a cárceles estando vetadas, incluyendo a 479 que se presentaron como abogados privados sin verificación profesional.
Las deficiencias también se extienden a los controles fronterizos y policiales. Funcionarios del Ejército y de Carabineros ejercían sus funciones sin los exámenes médicos exigidos, sin certificaciones de combate y con limitaciones en sus capacidades para tareas de soberanía. Igualmente, no se efectuaron patrullajes ni visitas a hitos fronterizos estipulados por ley, y el Estado carece de un registro centralizado de ingresos irregulares al país.
En cuanto al orden público, la CGR identificó vehículos policiales con cámaras inoperativas y personal asignado a funciones sensibles sin evaluaciones psicológicas actualizadas, así como carencias en la certificación para el uso de armas menos letales. Además, se encontró que 144 personas con órdenes judiciales activas fueron registrados sin ser detenidos y 626 vehículos robados no fueron recuperados.
La situación en el control de armas y municiones es igualmente alarmante. En instituciones como la PDI, Gendarmería y la Armada de Chile, la Contraloría detectó falta de trazabilidad, registros incompletos y ausencia de respaldo administrativo. En la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), se observó que personas con condenas activas mantenían armas registradas, además de irregularidades en la adquisición de municiones y armas asociadas a fallecidos.
Uno de los aspectos más preocupantes es el relacionado con la incautación y destrucción de drogas. La CGR informó de retrasos de hasta 288 días en la entrega de actas y cadenas de custodia, variaciones de peso de hasta 32 kilos entre registros policiales y sanitarios, así como la falta de parámetros estandarizados para validar estas discrepancias. Igualmente, se evidenciaron retrasos de hasta 189 días en la destrucción de sustancias, cuando la ley establece un máximo de 15 días.
El informe también incluye observaciones sobre hospitales y farmacias, encontrando medicamentos controlados vencidos, deficiencias de seguridad y más de 33 mil documentos pendientes de revisión en el Instituto de Salud Pública (ISP).
En base a estos hallazgos, la Contraloría General de la República ha iniciado 3 procedimientos disciplinarios directos y ha comenzado 35 procesos sumariales. También ha presentado 9 informes al Ministerio Público, algunos de los cuales han sido dirigidos al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía de Aviación. La CGR advierte que las deficiencias detectadas no son incidentes aislados, sino patrones reiterados que ponen en riesgo tanto la seguridad pública como la integridad institucional.
Con Información de chilelindo.org
