La corrupción está presente en todos los países del mundo, ya que, salvo excepciones, el ser humano tiende a buscar beneficios a expensas de los demás. Esto es particularmente evidente en un sistema de libre mercado, donde los grandes actores, mediante presiones indebidas, desplazan a los más pequeños. En algunos países, cuando se detecta la corrupción, los responsables enfrentan penas severas, como la pena de muerte, multas exorbitantes o cárceles; mientras que en Chile, esta problemática se aborda con clases de ética y, en los casos más graves, con penas remitidas que permiten a los condenados cumplir sus sentencias desde casa viendo televisión.
Un claro ejemplo de esta injusticia en las sociedades es el caso de los hermanos Javier y Karina Milei, quienes gobiernan Argentina. Llegaron al poder proclamando un discurso anti casta. Javier se comprometió a acabar con los robos en las administraciones kirchneristas, pero su comportamiento ha revelado que es un hábil manipulador, utilizando a su hermana Karina como intermediaria para recaudar fondos ilegales, situación que está bajo investigación. Karina, apodada «la cajera», asume funciones contables en medio de estas acusaciones.
El último escándalo involucra a Diego Spagnuolo, abogado de Milei, quien en grabaciones reveló que Karina recibía sobornos en transacciones entre su oficina y la Droguería Suizo Argentina. La prensa argentina, conocida por su franqueza, ha cubierto extensivamente este asunto. En lugar de investigar la denuncia, Milei ha optado por desviar la atención, acusando a la oposición de intentar perjudicarlo, justo antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.
En relación a este contexto de corrupción, este columnista ha estado denunciando durante años irregularidades en la gestión estatal que perpetúan prácticas indebidas. En 2019, un grupo de diputados, entre ellos Maya Fernández, actual ministra de Defensa, propuso un proyecto de ley para regular el uso de inmuebles fiscales. Estos bienes fueron cedidos sin costo a las Fuerzas Armadas y Carabineros, pero muchos se están utilizando con fines comerciales de manera inapropiada.
Los diputados argumentaron que se debe proteger el buen uso de estos terrenos, cedidos exclusivamente para fines institucionales y no para su venta. También propusieron un catastro público de estos inmuebles, el cual nunca se llevó a cabo, y el proyecto no prosperó, lo que permite que las Fuerzas Armadas continúen comercializando estos terrenos.
Otra situación de corrupción ocurre con corredores de propiedades que venden terrenos rurales de 5.000 m² para construir condominios, algo prohibido por la legislación vigente. A pesar de esto, todos los gobiernos han tolerado esta práctica. La administración actual de Boric intentó regularizar esta situación, pero el proyecto está estancado en la Cámara de Diputados. Presentamos esta problemática al Ministerio de Vivienda, siendo atendidos por Gabriela Elgueta y Vicente Burgos.
Esto demuestra que los diputados priorizan los intereses mercantiles de las Fuerzas Armadas, obviando la necesidad de financiamiento estatal adecuado para garantizar la soberanía y el bienestar público. En ambos casos, optaron por escuchar solo a lobbystas, permitiendo que prevalezcan los intereses privados.
¿Alguno de los 8 candidatos presidenciales se atreverá a comentar sobre esta situación injusta? Si permanecen en silencio, quedará en evidencia que ni la Derecha ni la Izquierda están dispuestas a ser derrotadas.
Con Información de www.elperiodista.cl
