Por Mesa de Desenfoque
En el contexto de intensos debates político-electorales, la integridad y la eficacia en el sector público siempre ocupan un lugar central. Sin embargo, más allá de las promesas de los candidatos, la realidad evidenciada muestra una persistente falta de coherencia entre lo prometido y lo realmente cumplido en la política. Tanto por acciones como por omisiones de las autoridades electas, lo prometido a menudo no se materializa, generando desconfianza sobre la posibilidad de alinear los intereses de la sociedad con los resultados políticos finales. Aunque los hechos sean claros y notorios, persiste una nebulosa de sospechas respecto a la legalidad de muchas decisiones gubernamentales.
Un ejemplo de esta situación es la protección del patrimonio fiscal en el caso de la quiebra de Curauma S.A., que se considera uno de los proyectos de planificación urbana más innovadores del país, pero que se encuentra estancado debido a disputas conflictivas propiciadas por especuladores financieros que han tomado control de los terrenos. Estos buscan venderlos a un precio significativamente inferior al real, lo que perjudicaría enormemente a la Municipalidad de Valparaíso, que recibiría menos de una décima parte de lo que le correspondería si los terrenos, valorados entre 11 y 15 millones de UF, se vendieran por 100 mil UF, como propone el Síndico.
La validación por omisión o la firma de propuestas sin presentar objeciones, práctica que ha estado ocurriendo en todas las administraciones municipales de Valparaíso desde 2013, ha puesto en riesgo no solo el aumento de derechos contables, sino también beneficios sociales derivados del Proyecto Curauma. Esto incluye la posibilidad de desarrollar terrenos para viviendas de calidad para todos los sectores de la comuna, más de 300 hectáreas para la conservación ambiental, y suficiente espacio para un hospital de alta complejidad que Valparaíso y Viña del Mar han estado esperando durante años, además de la oportunidad de un crecimiento urbano de calidad que promueva áreas habitables, recreativas y turísticas.
Desenfoque tuvo acceso a una presentación fundamentada, que se incluye al final de esta nota, realizada por el concejal Miguel Vergara González ante la Contraloría General de la República el 8 de agosto. En esta, el concejal expresa que ha solicitado formalmente en dos ocasiones al Concejo Municipal que el municipio ejerza sus atribuciones para pedir una nueva tasación del inmueble, con el objetivo de evitar su venta a un precio injusto, sin obtener respuesta de la Alcaldesa Camila Nieto. Además, señala que “ni siquiera ha asistido a la última Junta de Acreedores”. Según su opinión, esto constituye una “omisión grave” que “vulnera los deberes establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado”, debido a que existen atribuciones legales claras que permiten a la Municipalidad exigir una tasación justa que proteja el patrimonio público, lo que haría evidenciar un notable abandono de deberes.
El Síndico César Millán Nicolet, cuya actuación en el proceso de quiebra ha sido controvertida y que ha pasado la mayor parte del tiempo fuera del país, ha convocado un nuevo remate para el 22 de agosto.
Desenfoque ha intentado comunicarse con la oficina de prensa de la Alcaldía desde la semana pasada, la última vez siendo ayer (los recados fueron recibidos por Carolina Sanhueza y Marjorie Ovalle en diferente días), pero no hemos obtenido ninguna opinión o respuesta sobre el asunto. La presentación de la carta del concejal Miguel Uribe a la Contraloría, fechada el 8 de marzo, a la que tuvimos acceso recientemente, motivó esta publicación.
Lea la carta completa aquí. CARTA PRESENTACION A CONTRALORIA AGOSTO 2025
Con Información de desenfoque.cl
