Después de décadas de impunidad, se logró que la justicia condenara a un exteniente de Carabineros por el delito de secuestro calificado durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El ministro en visita para causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos en las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, impuso una condena al teniente de Carabineros en el momento de los hechos, Carlos Hernán Moreno Mena, por su participación en el secuestro calificado de los líderes del asentamiento Celso Avendaño Alarcón y Luis Anselmo Fernández Barrera, así como del empleado de la Gobernación de Cautín, Ismael Rolando Bocaz Muñoz. Estos crímenes se llevaron a cabo a partir de octubre de 1973 en la comuna de Pitrufquén.
En su fallo, el ministro condenó al exuniformado a 16 años de prisión, además de las sanciones accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos, oficios públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación absoluta para el ejercicio de profesiones tituladas durante la duración de la condena, en calidad de autor del delito.
En el ámbito civil, el ministro Mesa Latorre tuvo a bien acoger la demanda de indemnización de perjuicio presentada y condenó al Estado a pagar una compensación de $1.500.000.000 por concepto de daño moral a los familiares de las víctimas, con costas.
Condena por secuestro calificado tras años de impunidad
En su resolución, el ministro Mesa Latorre estableció que después del 11 de septiembre de 1973 y el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, por orden dada a las instituciones armadas y policiales, la 5ª Comisaría de Carabineros de Pitrufquén incrementó su dotación al replegar unidades inferiores, como los retenes de Lastarria y Los Galpones; además, los uniformados tenían la obligación de permanecer en dicho recinto policial, dado que la orden requería que se mantuvieran en acuartelamiento o al grado 1 de alerta.
Al mando de esta unidad, junto con sus unidades dependientes como superior jerárquico, estaba el capitán Ramón Sergio Callis Soto, quien organizó y coordinó un grupo especial de patrullas de carabineros compuesto por funcionarios de la unidad para el control y la detención de personas por motivos políticos en Pitrufquén y comunas cercanas como Toltén, Hualpín, Lastarria, Comuy, Los Boldos, Queule, Quitratué y Los Galpones; entre ellos se encontraba el teniente Carlos Hernán Moreno Mena, quien estaba en el segundo nivel de mando.
Según el fallo, Celso Avendaño Alarcón, mueblista y dirigente en el asentamiento Los Boldos, conocido en la comuna de Pitrufquén por su trabajo comunitario, fue nuevamente detenido por funcionarios de la 5° Comisaría de Pitrufquén el 25 de octubre de 1973, justo después de haber sido liberado tras cumplir una condena en la cárcel pública de Pitrufquén. Desde ese momento, su paradero es desconocido hasta la fecha.
El mismo día de la detención de Celso Avendaño Alarcón, también fue detenido Luis Anselmo Fernández Barrera, comerciante, artesano, militante del Partido Socialista y dirigente en el asentamiento Los Boldos, quien vivía con su familia en el centro de Pitrufquén.
Fernández fue sacado de su casa por funcionarios de la 5° Comisaría de Pitrufquén, como pueden atestiguar su esposa y una vecina. Fue conducido a una camioneta, donde también se encontraron Celso Avendaño Alarcón y otras personas detenidas.
Ambas mujeres se dirigieron a la 5° Comisaría de Pitrufquén para averiguar sobre su paradero, pero les negaron su detención y les pidieron que no insistieran en la búsqueda, a pesar de sus esfuerzos y consultas en diversos destacamentos de la región. Hasta hoy se desconoce el paradero de Luis Anselmo Fernández Barrera.
En el caso de Ismael Rolando Bocaz Muñoz, casado y funcionario de la Gobernación, además militante del Partido Comunista, optó por entregarse voluntariamente en la referida comisaría el 18 de octubre de 1973, luego de que su domicilio en calle Vicuña Mackenna fuera allanado en tres ocasiones y de ser requerido por funcionarios de la 5° Comisaría de Pitrufquén.
Sin embargo, a pesar de las gestiones de su esposa para localizarlo, no se ha sabido más de él desde ese día.
En su resolución, el ministro Álvaro Mesa Latorre sostuvo que «hasta este momento, ningún funcionario público de las Fuerzas Armadas, en particular del mando de Carabineros de Chile que operaban durante la época de los hechos, ha proporcionado información a la autoridad sobre lo que verdaderamente ocurrió, en relación al destino de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz, manteniéndose así la situación hasta el día de hoy».
Con Información de www.elciudadano.com