El Juzgado de Garantía de San Bernardo ha decidido este viernes imponer la medida cautelar de prisión preventiva a Carmen Myriam Audala Audala y Fabiola Elizabeth Esparza Díaz, quienes ocupan los cargos de jefa y subjefa del Registro Civil de Buin. Ambas están siendo investigadas por el Ministerio Público como autoras del delito consumado de malversación de caudales públicos, un ilícito que se habría llevado a cabo entre julio y agosto de 2025.
Durante la audiencia de formalización, la jueza Andrea Román Bravo dictó la prisión preventiva para Audala Audala y Esparza Díaz, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad pública y podría obstaculizar la investigación. También se estableció un plazo de 90 días para la investigación.
De acuerdo con los antecedentes del caso, las acusadas, abusando de sus funciones y actuando de forma concertada, habrían sustraído un total de $17.918.150 en efectivo de la recaudación de la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Buin, fondos que estaban bajo su custodia. Para encubrir la sustracción, las imputadas simularon que terceros habían realizado el robo.
Para dar veracidad a su versión, el 11 de agosto de 2025, tras concluir la jornada laboral y con el resto del personal ausente, las acusadas desordenaron las oficinas, abrieron los cajones de los escritorios y causaron daños superficiales a la caja fuerte, con la intención de simular un ingreso forzado. Posteriormente, a las 18:36, salieron juntas de la oficina, cerraron los accesos y activaron la alarma.
Siguiendo su plan, a las 20:52, Audala Audala regresó, abrió la reja perimetral y la puerta de acceso, activando intencionalmente el sistema de alarmas, y se retiró sin ingresar a las instalaciones. Minutos más tarde, alertada por la empresa de alarmas, Esparza Díaz acudió a la oficina y denunció a Carabineros el supuesto robo en un lugar deshabitado, iniciando así el correspondiente procedimiento policial.
En la audiencia se dio a conocer que Audala confesó el delito, mencionando como causa una deuda con un prestamista colombiano. Sin embargo, esta versión fue cuestionada por la fiscalía, que puso en duda la fiabilidad de su declaración.
Con Información de www.lanacion.cl