Un oficio emitido por la Superintendencia de Pensiones ha revelado un asunto delicado: la posible desviación de fondos del sistema previsional —destinados a todos los trabajadores chilenos— hacia campañas comunicacionales que habrían favorecido políticamente a José Antonio Kast y potencialmente a otros miembros de su ideología, como Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. En el centro de esta controversia se encuentra Bernardo Fontaine, economista y exconvencional, quien es objeto de escrutinio por su papel como intermediario entre el gremio de las AFP, fundaciones vinculadas y la estrategia digital del Rechazo.
Por Claudia Molina B.| FACTOS
Cuando la Superintendencia de Pensiones (SP) emite un oficio ordinario a todas las AFP, no es un simple formalismo. Hay una preocupación inherente: el uso de los fondos de los trabajadores y su posible aplicación en actividades comunicativas de índole política.
El Oficio N° OF-CON-25-1382, fechado el 9 de noviembre de 2025, solicita a las administradoras que detallen toda publicidad o promoción —tanto directa como indirecta— realizada desde 2021. En términos claros, la SP exige claridad sobre cómo, cuánto y con qué fin se han financiado campañas que podrían haber influido en la percepción pública del sistema previsional.
Este oficio se origina tras un reportaje de Nicolás Saavedra y el equipo de Vergara 340 (UDP), que destapó vínculos entre la Asociación de AFP (AAFP) y una fundación asociada a Bernardo Fontaine, que presuntamente se habría utilizado para campañas que combinaban la defensa del sistema previsional con mensajes políticos.
Aunque el documento no imputa delitos, sí plantea una duda legítima: se sospecha que fondos provenientes de las AFP podrían haber sido dirigidos, directa o indirectamente, hacia campañas con impacto político o electoral.
“Con mi plata no”: un eslogan que cruzó fronteras
El lema “Con mi plata no”, originado como una consigna previsional, se transformó rápidamente en una de las principales banderas del Rechazo a la nueva propuesta constitucional proveniente del proceso constituyente tras el estallido social del 18-O. Se hizo presente en carteles, redes sociales, videos y artículos de opinión.
El mensaje era claro, emocional y efectivo: “El Estado quiere robarte tus ahorros.”
Detrás de esta narrativa operó una compleja maquinaria comunicativa, difícil de rastrear, que, de acuerdo con investigaciones, se conecta con los equipos de comunicación de José Antonio Kast y potencialmente con figuras cercanas como Kaiser y Matthei.
La Superintendencia está analizando si los fondos gestionados por las AFP financiaron este tipo de campañas, lo que —si se confirma— podría ser considerado una grave infracción a la normativa previsional, y dependiendo del caso, un posible ilícito electoral o administrativo.
La preocupación institucional es evidente: que recursos provenientes de los aportes obligatorios de los trabajadores hayan sido utilizados para propaganda política, lo que representaría no solo una irregularidad, sino también un daño a la confianza del público en el sistema.
Un escándalo en evolución
El nombre de Bernardo Fontaine aparece una vez más como un nexo entre el ámbito previsional y la política. Fontaine, exconvencional y exrepresentante del gremio de las AFP, ha sido un firmante defensor del modelo de capitalización individual, jugando un papel significativo en los círculos programáticos de Kast. Su discurso en contra de los retiros previsionales y a favor del “ahorro personal” fue fundamental en la narrativa del Rechazo y en la estrategia electoral de la derecha más extrema.
La hipótesis que impulsa la investigación es clara: si desde la Asociación de AFP o sus filiales se financiaron campañas comunicacionales que, a su vez, beneficiaron a ciertos candidatos, se quebraría la línea entre información institucional y propaganda electoral.
El oficio de la SP no asigna responsabilidad penal, pero abre la puerta a sanciones y posibles derivaciones al Ministerio Público. También revela una profunda tensión ética: trabajadores con diversas posturas ideológicas podrían haber financiado, sin su conocimiento, mensajes políticos que no comparten.
Lo que la ley establece (y lo que oculta)
El artículo 26 del D.L. 3.500 y la Ley 21.735 exigen que toda publicidad previsional sea veraz, transparente y no induzca a error, prohibiendo específicamente la promoción indirecta no informada a la Superintendencia. Si se confirma el uso de fondos en propaganda encubierta, la infracción es administrativa, sancionable con multas y medidas disciplinarias.
Sin embargo, si se comprueba que recursos previsionales beneficiaron a un candidato específico —como José Antonio Kast— o a otros del mismo bloque, la situación podría adquirir un carácter penal. En tal caso, podría configurarse un ilícito electoral, conforme a la Ley 19.884, modificada por la Ley 20.900, que prohíbe el financiamiento de campañas políticas por personas jurídicas.
Las sanciones previstas incluyen multas significativas y responsabilidad penal para aquellos que desvíen recursos mediante fundaciones, asociaciones o campañas específicas.
En un caso más extremo, si se confirmara el desvío intencionado de fondos administrados en detrimento de los afiliados, podría aplicarse la figura de administración desleal del artículo 470 N°11 del Código Penal, incorporada en la Ley 21.595 sobre delitos económicos.
No obstante, este escenario delictivo necesitaría pruebas directas, más allá de correlaciones o coincidencias políticas.
La delgada línea entre la sospecha y el delito
No hay sentencias, pero existen sospechas fundadas. El oficio de la SP representa un acto de fiscalización preventiva basado en indicios que justifican una revisión exhaustiva. No busca perseguir, sino transparentar: quién ha financiado, cuánto, a través de qué medio y con qué objetivo.
Si se llegara a confirmar que el dinero de los trabajadores —administrado por las AFP— se utilizó para financiar campañas políticas, el país enfrentarían no solo una infracción administrativa, sino una traición a la confianza previsional.
La narrativa del miedo
“Con mi plata no” fue más que un simple eslogan; representó una operación cultural y emocional. Evocó miedo e inseguridad, alimentando la noción de que el Estado es un enemigo del ahorro personal. Esta narrativa, amplificada y profesionalizada, se convirtió en uno de los pilares del Rechazo constitucional de 2022 y en una plataforma discursiva crucial para la derecha más dura.
Tres años después, esa misma línea comunicativa se mantiene, bajo nuevas caras y con financiamiento que la Superintendencia ha decidido examinar de cerca.
Fuente: análisis periodístico propio y registros públicos.
El valor del oficio
La intervención de la SP no es persecución política, sino un claro indicativo de madurez democrática:
en Chile, la publicidad previsional no puede mezclarse con propaganda electoral camuflada como información técnica.
El Oficio N° OF-CON-25-1382 llega, aunque tarde, con una oportunidad: iluminar el poder comunicativo, desentrañar los flujos de dinero que moldean la opinión pública y restituir a los trabajadores la propiedad simbólica de su voz.
Porque cuando los ahorros de millones se convierten en sustento de discursos que fragmentan al país, ya no estamos hablando solo de economía: estamos hablando de ética pública. Y esta, al igual que la verdad, siempre acaba saliendo a la luz.
Con Información de factos.cl
