En un comunicado, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio anunció que no continuará con la mesa de trabajo establecida por el Ministerio de Vivienda y los residentes de la toma de San Antonio.
«Hoy, 3 de septiembre, hemos decidido finalizar nuestra participación en esta mesa técnica, después de haber agotado el plazo de seis meses diseñado para alcanzar acuerdos, así como su prórroga acordada hasta hoy», mencionaron. «Tomamos esta decisión porque no tenemos información confiable sobre quiénes serían los compradores, no existen las condiciones para realizar la compra en un solo acto, y no se han presentado antecedentes sobre la fuente de financiamiento ni la garantía financiera para esta operación».
La inmobiliaria sostuvo haber reducido el precio del metro cuadrado en varias oportunidades, «llegando finalmente al valor propuesto por el Minvu, que es considerablemente inferior al valor comercial. Esto se hizo con el fin de alcanzar un acuerdo, pero no hemos recibido respuestas a las demás variables que son esenciales para la venta del terreno».
La propietaria del terreno declaró que «en los próximos días se solicitará el cumplimiento definitivo de la orden judicial de desalojo. Lamentamos, una vez más, la falta de apoyo estatal, ya que llevamos seis años intentando recuperar nuestro terreno por distintos medios, o, de no ser posible, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar al menos parte de nuestro patrimonio usurpado».
La versión del MINVU
En relación al cumplimiento del plazo de la Comisión Técnica, que debía informar sobre el precio, condiciones y garantías para la posible venta del terreno del macrocampamento de Cerro Centinela en San Antonio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) indicó que «tras 17 sesiones, los resultados no fueron los esperados».
«Los principales obstáculos fueron la discrepancia en la tasación del terreno y las posturas encontradas de los representantes de los propietarios, quienes han tratado esta operación como “una compraventa más”. Los propietarios tienen todo el derecho de decidir si participan en la compraventa de los terrenos, conforme al principio de libertad de contratación, pero una verdadera disposición para llegar a un acuerdo exige considerar las circunstancias singulares del caso y evaluarlas adecuadamente», agregó el Ministerio de Vivienda.
En cuanto a la discrepancia en la tasación, afirmaron que «el valor propuesto por los propietarios se basa en informes que no han sido técnicamente validados por el Minvu, en su función de resguardo técnico del proceso; además, no es un valor financiable ni sostenible en el tiempo para las familias».
«En especial, el valor ofrecido por los propietarios triplica el valor de la tasación encargada por el Minvu, lo que bloquea cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales. Nuestro ministerio ha sugerido alternativas justificadas técnicamente para facilitar un acuerdo sobre este punto, pero estas fueron rechazadas sin que se presentaran otras opciones o propuestas, lo que impidió avanzar hacia un consenso», explicó el MINVU.
A pesar de lo anterior, el Ministerio hizo saber que está dispuesto a seguir trabajando para hacer posible la adquisición de los terrenos por parte de las familias y llamó a los propietarios a reconocer el trabajo realizado y a colaborar en la resolución de los obstáculos que han impedido avanzar en los acuerdos.
Con Información de desenfoque.cl
