Del 12 al 15 de agosto de 2025, se llevará a cabo en Tlatelolco, Ciudad de México, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer (CRM), que representa el principal foro de la ONU sobre cuestiones de género en América Latina y el Caribe. A 30 años de la adopción del plan de acción de Beijing, que estableció un consenso global para la igualdad de género, la región enfrenta aún intérminos pendientes, en un contexto cada vez más adverso para los derechos de las mujeres.
«Esta conferencia es fundamental en un momento crítico: las voces de las mujeres luchadoras deben ser escuchadas con mayor fuerza que nunca. Es hora de avanzar, y los Estados deben ratificar y reforzar su compromiso con los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, mediante acuerdos concretos sobre mecanismos de seguimiento y acciones urgentes», declaró Astrid Valencia, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas.
La conferencia dará seguimiento al compromiso de Buenos Aires, que en 2022 reconoció, gracias al trabajo de las redes feministas, que «todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado, fundamentado en los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género». Este compromiso señala que la «responsabilidad debe ser asumida de manera compartida por el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado».
La problemática parte de una realidad innegable: las mujeres de la región dedican en promedio 38 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado, mientras que los hombres solo dedican 16. Esta desigualdad limita la autonomía de las mujeres, las obliga a trabajos precarios y les impide acceder plenamente a derechos laborales y a la protección social, incluyendo salud, descanso y jubilación.
A pesar de esto, las políticas públicas en materia de cuidados avanzan lentamente. Incluso en países como Uruguay o Chile, donde ya existen sistemas de cuidado, se requiere una inversión sostenible sustentada en la justicia fiscal, así como mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas con participación de la sociedad civil. Igualmente, es crucial reconocer el trabajo de cuidados comunitarios y territoriales, vital en contextos de discriminación estructural contra mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, campesinas y aquellas que residen en áreas rurales y comunidades urbanas empobrecidas ante la crisis climática. Los Estados deben promover el financiamiento justo y sostenible del trabajo de cuidados comunitarios, integrándolo adecuadamente a las políticas públicas sin menoscabar su autonomía.
«La injusta repartición del trabajo de cuidados es el núcleo de la discriminación estructural contra las mujeres. El progreso en las políticas de cuidados debe ir de la mano de la erradicación de toda violencia hacia las mujeres. La deuda pendiente de más de 30 años para garantizar el derecho fundamental a vivir sin miedo y discriminación debe ser saldada de manera urgente», concluyó Valencia.
La CRM debe trazar el camino para erradicar la violencia y discriminación que aún enfrentan mujeres y niñas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos 3,897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2023 en la región. Muchas otras mujeres han sido desaparecidas, algunas de manera forzada; y sobre ellas recae mayormente la responsabilidad de buscar a personas desaparecidas y exigir justicia en un entorno de violencia criminal y desprotección social, con la indiferencia de las autoridades. Este es el caso de mujeres en Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
Además, más del 30% de los ataques letales registrados por la red sin violencia LGBTI en 2023 fueron dirigidos contra mujeres trans, siendo Brasil, México y Colombia los países con mayor riesgo. En Argentina, la violencia contra personas LGBTI+ ha aumentado.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde aumentan los partos en niñas, en su mayoría como resultado de violencia sexual y la falta de servicios de salud esenciales. A pesar de ello, la educación integral en sexualidad ha progresado poco, con retrocesos en Costa Rica, Argentina y Paraguay, donde se ha recortado financiamiento de políticas públicas y debilitado la malla curricular. La situación es igualmente crítica en Haití, donde la crisis de derechos humanos se manifiesta con violencia sexual generalizada contra niñas y mujeres en Puerto Príncipe y en regiones circundantes.
Aunque se han tomado decisiones para facilitar el acceso al aborto en Chile, Colombia y México, aún persisten obstáculos que restringen la autonomía reproductiva en la región, incluso en los lugares con leyes de despenalización. En Perú, Brasil y Argentina, se han implementado medidas para restringir el acceso al aborto, mientras que la penalización total sigue vigente en El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. Al mismo tiempo, la salud materna, sexual y reproductiva se encuentra severamente limitada para mujeres migrantes, como las mujeres venezolanas en Colombia, Ecuador y Perú, así como las mujeres embarazadas haitianas en República Dominicana, cuyas vidas están en grave peligro debido a políticas migratorias discriminatorias.
Todo esto se da en un contexto cada vez más hostil para la defensa de los derechos humanos. El cierre del espacio cívico, notable en Argentina, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela, resulta en ataques directos contra las defensoras de derechos humanos y les impone la carga de denunciar y buscar justicia, particularmente en los casos de las familias de personas detenidas por razones políticas.
La Conferencia Regional sobre la Mujer se podrá seguir de manera virtual a través de los canales oficiales de la CEPAL. El 12 de agosto se llevará a cabo la declaración consensuada por la sociedad civil, organizada por las redes feministas. Amnistía Internacional se unirá a las mujeres de la región para realizar acciones de incidencia, comunicación y movilización, exigiendo a los Estados un compromiso firme en Tlatelolco que cimenta y profundiza la igualdad de género.
Con Información de desenfoque.cl