Por: Claudia Molina B. | Factos Denuncia
La familia de Mauricio Hernández Norambuena, quien es un preso político en un hospital penitenciario de la Región Metropolitana, ha emitido una nueva declaración pública advirtiendo sobre la grave situación de salud que enfrenta este exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, junto con una serie de tratos degradantes que ha sufrido en los últimos días dentro del recinto carcelario.
A pesar de manifestar síntomas persistentes como malestar general, fiebre intermitente y elevaciones en su presión arterial, Hernández carece de un diagnóstico claro, pese a haberse sometido a varios exámenes médicos. Esta situación es alarmante tanto por su salud como por la violencia institucional que se revela en su atención deficiente.
Silencio, ruido y tortura: el entorno insalubre del hospital penitenciario
De acuerdo con la denuncia de sus allegados, durante la noche del sábado 28 de junio, el personal de Gendarmería sometió a Mauricio Hernández a un ambiente incompatible con su salud, caracterizado por ruidos innecesarios, música a alto volumen, ruidos de objetos, burlas y risas del personal, además de mantener la luz encendida en su celda contra su voluntad.
A pesar de que Hernández solicitó que cesaran estas acciones, las respuestas de los funcionarios fueron desinteresadas, ignorando sus requerimientos. Estos actos no solo interrumpieron su descanso, sino que también generaron ansiedad, angustia y revivieron memorias de tortura y aislamiento que sufrió durante más de 20 años.
Negligencia médica o tortura encubierta
La negación de atención médica y la falta de condiciones básicas para el descanso en un hospital penitenciario no son meras negligencias: pueden interpretarse como tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los estándares internacionales de derechos humanos.
En este contexto, varios principios fundamentales están siendo vulnerados:
- Instrumentalización de la salud: Si la falta de atención médica se utiliza como coerción, sometimiento o castigo, esto puede considerarse tortura.
- Impacto en la salud: La privación del sueño, el estrés continuo y la negligencia médica pueden empeorar patologías existentes y causar nuevos problemas de salud física y mental.
- Obligación del Estado: El Estado chileno tiene el deber legal y ético de garantizar acceso a atención médica oportuna y adecuada a todas las personas bajo su custodia, incluyendo aquellas calificadas como “peligrosas” o “subversivas”. Esto incluye tanto emergencias como tratamientos especializados.
- Trato digno: La negación sistemática de atención médica es un acto de violencia institucional que atenta contra la integridad física y psicológica de la persona privada de libertad.
Responsabilidad política e institucional
La responsabilidad no recae únicamente sobre los funcionarios que cometen abusos, sino también, y principalmente, en quienes tienen el poder de prevenir dichas situaciones. La omisión también se considera violencia.
En este sentido, es fundamental señalar la responsabilidad directa del ministro de Justicia, encargado de supervisar el sistema penitenciario; de la ministra de Salud, como garante de la salud pública y el control sanitario en los hospitales, independientemente de la ausencia de la red pública de salud en los hospitales penitenciarios concesionados. Esta situación, que ha permanecido fuera del debate público durante años, representa una oportunidad urgente para revisión del papel de la autoridad sanitaria ante las acciones u omisiones de los concesionarios penitenciarios, quienes, según lo expuesto, parecen no comprender adecuadamente los derechos fundamentales y los estándares mínimos de trato digno hacia personas bajo custodia estatal.
A esto se suma la actuación de Gendarmería de Chile, responsable del resguardo y trato a las personas privadas de libertad, así como de todos los organismos e instituciones que definen, supervisan y fiscalizan los protocolos de seguridad y salud dentro de contextos penitenciarios.
El caso de Mauricio Hernández Norambuena no puede considerarse un hecho aislado. Lo sucedido en el hospital penitenciario de Rancagua refleja una estructura que permite —y a veces fomenta— el deterioro físico y mental de ciertas personas por motivos políticos o ideológicos. La violencia institucional no siempre se manifiesta con uniforme ni deja marcas visibles; en ocasiones, se presenta en forma de abandono, indiferencia y silencio.
“No hay derechos humanos selectivos. El silencio del Estado ante el sufrimiento de un preso político también constituye violencia”, advirtió un allegado de Hernández Norambuena en conversación con Factos.
La pregunta que queda planteada es contundente:
¿Hasta cuándo se permitirá que las instituciones públicas y sus autoridades utilicen la salud como herramienta de castigo o abandono?
Lea el comunicado completo aquí:
Con Información de factos.cl
