Por: Equipo Factos | Denuncia
El sábado 31 de mayo de 2025, en plena luz del día y en una de las zonas más concurridas del centro de Santiago —la intersección del Paseo Puente con Santo Domingo— un grupo de alrededor de ocho guardias municipales, liderados por un inspector municipal y sin identificación visible, llevó a cabo un operativo de fiscalización que culminó en el uso de gas pimienta o lacrimógeno. Testigos informaron sobre el caos, personas afectadas por el químico, y la escena fue grabada por cámaras de vigilancia y celulares de transeúntes.
Sin embargo, el problema no terminó allí. Al solicitar información a través del Portal de Transparencia, a la que tuvo acceso exclusivo Factos, la respuesta oficial del municipio no solo negó los hechos, sino que también presentó un error clave.
En el memorándum firmado por el Director de Prevención y Seguridad Comunitaria, Arturo Urrutia González, se menciona que la fecha de los hechos es “31 de mayo de 2024”, cuando en realidad el incidente ocurrió el 31 de mayo de 2025. Un año de diferencia que no es menor.
¿Simple error o intento de deslindar responsabilidades?
La referencia a 2024 suscita una sospecha legítima: ¿es un error administrativo o una maniobra intencionada para asignar los hechos a la gestión anterior de Irací Hassler y proteger así a la administración actual, liderada por el alcalde Mario Desbordes?
Lo cierto es que el operativo se llevó a cabo bajo su administración. Los hechos son claros: guardias municipales emplearon elementos prohibidos por ley para el control del orden público. La jurisprudencia administrativa es contundente. Según dictámenes de la Contraloría General de la República (N° 15.919 de 2017, E161091 de 2021 y E30601N25 de 2025), los municipios no están autorizados para dotar a sus funcionarios de implementos como gases químicos ni bastones extensibles, que son de uso exclusivo de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.
Municipios: auxiliares, no policías
Las funciones de los municipios en seguridad pública se limitan al apoyo y coordinación con los organismos competentes. El uso de elementos disuasivos no solo es ilegal, sino que distorsiona el rol de los inspectores municipales. Lo que deberían ser funciones de vigilancia cívica se han transformado —al menos en Santiago— en acciones que rozan lo paramilitar.
El problema no es solo el comercio ambulante: es la legalidad del combate
La lucha contra el comercio informal —un tema urgente y complejo, sin duda— no puede convertirse en un cheque en blanco para que los municipios actúen al margen de la ley. Menos aún, cuando en nombre del orden se incurre en prácticas propias de fuerzas no habilitadas para ejercer control público.
Lo ilegal de combatir lo ilegal
Sin embargo, hay algo aún más grave que la negación: el uso de gas pimienta y bastones retráctiles por parte de inspectores y guardias municipales es ilegal. Así lo ha confirmado la Contraloría General de la República (CGR) en su dictamen E30601N25 del 24 de febrero de 2025, que complementa y reafirma dictámenes anteriores (como el N° 15919 de 2017 y el E161091 de 2021).
En palabras del propio dictamen:
|“Las entidades edilicias no están habilitadas para comprar dispositivos destinados al control del orden público para proporcionar a sus funcionarios, toda vez que esta última labor compete en exclusiva a las fuerzas de orden y seguridad”.
Es decir, el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, bastones retráctiles y otros dispositivos disuasivos está reservado exclusivamente para Carabineros y la Policía de Investigaciones. Los municipios solo pueden actuar en funciones de apoyo y colaboración, jamás reemplazando a las policías. Y mucho menos utilizando medios coercitivos prohibidos.
Desbordes, el silencio y la ausencia
En este contexto, el alcalde Mario Desbordes permanece en silencio. En lugar de asumir responsabilidades o esclarecer lo sucedido, su administración ha optado por negar los hechos, manipular la cronología y evitar cualquier mención a los equipos utilizados por los inspectores. No hay información sobre los químicos empleados, ni sobre los entrenamientos impartidos, ni sobre los protocolos aplicados. Nada.
¿Dónde está el alcalde? ¿Quién se hace responsable de esta represión improvisada?
Santiago no necesita una policía paralela actuando en la clandestinidad. Tampoco requiere una administración que niega hechos documentados y desconoce la ley. Si hay que enfrentar la delincuencia y el comercio informal, que se haga con herramientas legales y legítimas, no con abuso de poder y gas pimienta oculto en los bolsillos de guardias anónimos.
Hoy más que nunca, es vital recordar: la ley también debe ser aplicada desde el poder. Y cuando se emplea gas ilegal, se niegan los hechos y se manipulan las fechas, estamos ante un abuso de poder.
Con Información de factos.cl
