Informe: Irregularidades en horas extra y marcaciones en Hospital El Carmen bajo falta de control administrativo – Factos.cl: Últimas Noticias de Chile.

Pagos irregulares, omisiones jerárquicas y posible fraude al sistema público bajo la gestión de Patricia Mellado.

Por: Claudia Molina B.| Factos – Denuncias

La Contraloría General de la República ha recibido una nueva denuncia, a la cual Factos ha tenido acceso exclusivo, que pone de manifiesto diversas conductas irregulares en el Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, particularmente en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. Las acusaciones involucran a altos funcionarios, manipulación de marcaciones, uso indebido de horas compensatorias y una red jerárquica que transgrede principios legales y éticos del servicio público.

Horas extraordinarias los domingos: el caso de Jaime Santana

La denuncia indica que Jaime Santana, jefe de la Unidad de Gestión de las Personas, ha recibido pagos por horas extraordinarias en domingo, lo que infringe la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Según los dictámenes de la Contraloría —N° 37.660/2004 y N° 92.969/2021—, está prohibido que funcionarios con roles directivos reciban estos pagos.

Además, se menciona que Santana presenta un patrón de omisiones en sus marcaciones mensuales, sin que la institución tome medidas correctivas o sancionadoras al respecto. Sin embargo, hay más…

Marcaciones tardías y descansos irregulares: el modus operandi de Orlando Arrué

Orlando Arrué López, encargado de la Unidad de Licencias Médicas y subordinado al Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, es acusado de utilizar horas compensatorias de manera injustificada. Se han registrado entradas tardías que él encubre con solicitudes de descanso complementario, sin justificación válida ni aprobación formal.

El sistema de control de asistencia presenta fallos operativos conocidos por varias jefaturas del departamento, permitiendo eludir los descuentos por inasistencias o tardanzas no justificadas. Esto permite registrar permisos que no se corresponden con la realidad de las marcaciones, lo que provoca diferencias en los horarios que no se descuentan de las remuneraciones de algunos funcionarios.

Por ejemplo, si un empleado tiene un horario de 08:00 a 17:00 y registra su entrada a las 11:00, puede solicitar una hora de descanso complementario (de 08:00 a 09:00), y el sistema no contabiliza las tres horas de atraso real.

Enrolamientos fraudulentos

Se ha identificado otra problemática grave relacionada con el enrolamiento fraudulento de funcionarios. Según la denuncia, algunos empleados del área de Atención a las Personas registran entradas y salidas de colegas que no se encuentran presentes físicamente, siguiendo instrucciones de superiores. Esto genera registros falsos de asistencia.

Fuentes cercanas al hospital indican que “entre los implicados se encuentran Katherine Norambuena, Alejandra Palma, Constanza Palma, Victoria Riquelme y Hermes Araya, este último actuando como subrogante del Subdirector de Administración y Finanzas cuando éste está fuera de servicio, pero no se comprende por qué no se mencionan en la denuncia ante la CGR.”

Estas acciones reiteradas ponen en riesgo el principio de veracidad en los registros oficiales y podrían constituir una forma de percepción indebida de remuneraciones, contraviniendo el principio de legalidad conforme a la Constitución y la Ley N° 18.575 sobre probidad administrativa.

Una supervisión ineficaz: el rol de Raúl Valdés Villaseca

Las irregularidades de Santana y Arrué no ocurren sin la supervisión de su superior. Según el documento, ambas prácticas son conocidas y toleradas por Raúl Valdés Villaseca, Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas, quien tiene la responsabilidad legal de fiscalizar, autorizar y corregir fallas en los procesos de asistencia y compensación horaria.

La inacción en estas funciones puede representar una infracción al principio de responsabilidad funcional, conforme al artículo 61 de la Ley N° 18.575.

La solicitud a la Contraloría

La denuncia solicita que la Contraloría General realice una fiscalización especial sobre los siguientes puntos:
– Pagos de horas extraordinarias recibidos por Jaime Santana, especialmente aquellos realizados en domingo.
– Justificaciones y registros de horas compensatorias de Orlando Arrué.
– Análisis de las marcaciones mensuales de ambos funcionarios.
– Evaluación del rol de supervisión de Raúl Valdés Villaseca.

A la denuncia se adjuntaron documentos respaldatorios, incluyendo registros de asistencia y planillas de pago, que evidencian la veracidad de los hechos denunciados.

¿Una red de protección institucional?

La seriedad de las acusaciones va más allá de las acciones individuales de los funcionarios implicados; abarca un patrón sistemático de omisión institucional. Las denuncias sugieren una estructura jerárquica permisiva que no solo tolera las irregularidades, sino que las reafirma con su silencio y falta de acción.

En un sistema público cada vez más demandado por la ciudadanía en términos de transparencia, estos casos subrayan la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control interno, fiscalización y sanción ante prácticas que impactan la confianza pública.

La directora (s) y su deber de control: ¿Ignorancia o negligencia? Ante los hechos mencionados, surge inevitablemente la responsabilidad de la directora (s) del Hospital El Carmen, Patricia Mellado, quien ocupa la máxima jefatura del establecimiento. Ya sea por conocimiento directo o por falta de diligencia en sus deberes, su posición no la exime de la responsabilidad administrativa.

La Ley N° 18.575, en su artículo 61, establece que toda autoridad pública es responsable por el ejercicio ilegal de sus funciones, por acción u omisión. En este contexto, la directora (s) no puede alegar desconocimiento, ya que tiene la obligación legal y ética de supervisar los procedimientos internos, especialmente en lo relacionado con la gestión de personal y uso de recursos públicos.

De acuerdo con principios de probidad y responsabilidad jerárquica, la continuidad y tolerancia de estas prácticas durante su administración podría constituir un caso de grave negligencia institucional, debilitando la confianza pública en la dirección del hospital y en la red de salud en general.

Con Información de factos.cl

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