Recientemente, China ha tomado una decisión que, aunque puede parecer autoritaria, tiene una lógica profunda: exigirá a los influencers y creadores de contenido que aborden temas como salud, derecho, educación o finanzas que cuenten con formación académica o certificaciones oficiales. Esta propuesta, más allá de las preocupaciones sobre censura o control político, merece un análisis cuidadoso en Chile y en cualquier país enfrentando la problemática de la desinformación digital.
En una era donde la viralidad supera a la verdad, las redes sociales se han convertido en una fuente predominante y arriesgada de información. Con solo un video de treinta segundos, se puede desacreditar una política pública, difundir teorías conspirativas o recomendar tratamientos sin respaldo científico. En Chile, hemos sido testigos de esto en temas como las vacunas, los retiros previsionales, los incendios, la delincuencia y la política. El impacto es sutil, pero continuo: se está erosionando la confianza pública sin que ningún gobierno haya sabido contrarrestarlo eficazmente.
La medida adoptada por la Administración del Ciberespacio en China establece un límite claro: quienes informan sobre un tema especializado deben tener conocimientos en la materia. No es una propuesta descabellada, sino más bien una actualización del principio fundamental de responsabilidad profesional. Si un médico no puede recetar medicamentos sin una titulación adecuada, ¿por qué un influencer puede ofrecer consejos sobre salud mental, inversiones o derecho penal sin estar capacitado?
En Chile, esta barrera no existe. Cualquiera puede opinar sobre economía, justicia o vacunas desde una cuenta de TikTok, amparado en la libertad de expresión. Aunque dicha libertad es fundamental, especialmente en sociedades democráticas, también conlleva responsabilidades éticas. No se trata de censurar, sino de exigir responsabilidad en la información, especialmente en temas que impactan la vida de las personas.
Podría considerarse un modelo híbrido: un sistema de acreditación voluntaria o una etiqueta digital que identifique a quienes proporcionan información respaldada académicamente. Algo similar al “chequeo” de medios verificados, pero enfocado en la divulgación especializada. No buscamos replicar el control del Partido Comunista Chino, sino reconocer que la educación pública está perdiendo la lucha contra la desinformación masiva.
Las plataformas —Facebook, TikTok, Instagram, X— no asumen la responsabilidad que les corresponde. Sus algoritmos priorizan lo emocional sobre lo verdadero, y lo inmediato por encima de lo riguroso. En ese entorno, los expertos quedan en segundo plano y los charlatanes prosperan. China ha optado por un enfoque extremo: convertir la credibilidad en una cuestión de Estado. Mientras tanto, nosotros continuamos confiando en la buena voluntad de los usuarios.
La pregunta es: ¿cuánto tiempo más podemos darnos ese lujo? La desinformación ya no es solo un fenómeno digital; representa una amenaza para la convivencia democrática, la salud pública y la deliberación racional.
Tal vez debamos observar sin prejuicios lo que está sucediendo en Beijing y preguntarnos, con honestidad, si una regulación inteligente podría ser más democrática que una libertad manchada por la ignorancia.
Con Información de www.elperiodista.cl
