El discurso del gobierno respecto al Presupuesto 2026, en el primer año de cambio en la jefatura del Estado, intenta proyectar una imagen de orden fiscal, sostenibilidad social y eficiencia en el gasto público. Sin embargo, esta imagen es cuestionable teniendo en cuenta la crisis que enfrenta el país y la escasa credibilidad que posee el gobierno. La percepción general es que tras esa retórica se oculta una estructura estatal sobredimensionada, poca rendición de cuentas y altos niveles de ineficiencia administrativa, aspectos que han sido evidentes bajo la actual gestión. Las declaraciones sobre que “se contuvo la deuda pública” o “se cerraron programas mal evaluados” atribuyen de manera indirecta la culpa a terceros por los desequilibrios fiscales. Aunque esto puede ser correcto, también oculta un sistema que continúa destinando recursos a programas sin resultados medibles y mantiene redes clientelistas y circuitos de favores institucionalizados.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau (exministro de Economía), y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, destacan la redistribución de U$2,800 millones como un símbolo de eficiencia, en respuesta a la exigencia de la oposición de recortar U$6 mil millones. Esta cifra oficial solo pone de manifiesto la magnitud del desorden al evidenciar la reasignación de recursos mal administrados durante años. No obstante, se omite que el propio ministerio de Hacienda y sus organismos dependientes son la verdadera fuente del problema en la administración financiera. La eliminación de una veintena de programas públicos apenas toca la superficie de un Estado que cuenta con más de 800 fondos, la mayoría sin evaluación de impacto ni auditorías efectivas. Así, la política fiscal se convierte, bajo un discurso administrativo, en un lenguaje que oculta decisiones políticas erráticas y una gestión complaciente.
Las proyecciones macroeconómicas son, en rigor, meros ejercicios de contabilidad política. El crecimiento sostenible que se anticipa depende de reformas aún no aplicadas, como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales o la Reforma de Pensiones. Se omite una evaluación de la calidad del gasto y de la eficiencia fiscalizadora. Los ajustes contables y reasignaciones internas no reflejan una contención estructural de la deuda ni una gestión pública más eficaz.
El Informe de Finanzas Públicas y la promesa de un incremento del gasto de solo 1.7% en 2026 resulta poco convincente. La austeridad numérica no garantiza eficiencia, y recortar el gasto sin reformar la manera de asignar recursos perpetúa la ineficiencia bajo una nueva denominación. El gasto público en Chile sigue siendo fragmentado, con instituciones que duplican funciones, programas que persisten por inercia y mecanismos internos de evaluación carentes de independencia técnica. La Dipres, que celebra haber modernizado los modelos de proyección de ingresos, omite reconocer la debilidad estructural en el control del gasto, la falta de auditorías externas y la ausencia de sanciones ante irregularidades detectadas.
¿Control u omisión regulatoria?
Surge la interrogante de si la creciente corrupción no es una anomalía, sino una forma de gestión del aparato público chileno. Los sistemas de control —como la Contraloría, la CMF y otras superintendencias— operan de forma reactiva, sin capacidad real de prevención ni intención de reparación. Las “reasignaciones de gasto” no son correcciones virtuosas, sino maniobras que revelan años de despilfarro institucional sin consecuencias políticas ni legales para los responsables. Un ejemplo de esto es el ministerio de Vivienda, que ha enfrentado crisis estructurales de déficit habitacional desde la administración de Bachelet y Piñera.
El caso de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dependiente del Ministerio de Hacienda, ilustra la corrupción y desnuda otra faceta del problema: la impunidad en los organismos de supervisión que, tras años, contribuyen a un entorno de impunidad. Las denuncias contra el grupo financiero EuroAmerica evidencian cómo se puede utilizar la legalidad formal para eludir la ética pública y el principio de responsabilidad fiscal.
Tres operaciones de este grupo —la quiebra de Curauma, el caso Enjoy en la colusión de casinos y la compra de la Clínica Las Condes— muestran un patrón reiterado de conflictos de interés, triangulación de activos y uso de empresas reguladas para cubrir pérdidas o adquirir el patrimonio de terceros, todo ello ante la pasividad de la CMF.
En la compra de Clínica Las Condes, EuroAmerica adquirió bonos y acciones de una empresa en crisis mediante omisiones regulatorias y uso de información privilegiada, actualmente bajo investigación judicial. En el caso Enjoy, una estructura de préstamos y reconversión de deuda permitió que el holding de EuroAmerica se convirtiera en el principal accionista de una empresa insolvente sin que se activaran alarmas regulatorias. Por su parte, el caso Enjoy fue investigado por la Fiscalía Nacional Económica y aún no ha recibido sanciones finales. En Curauma, las maniobras para llevar a esta empresa a la quiebra incluyeron autopréstamos y transacciones entre empresas relacionadas a precios inflados, afectando gravemente a los acreedores, incluido el Estado.
Todas estas operaciones aparentan ser legales, pero son financieramente abusivas y carecen de control administrativo. Además, una filial aseguradora de EuroAmerica paga a la matriz por asesorías que son “ideológicamente falsas en materia de inversiones”, por cifras superiores a su propio capital. Esto representa un agravio al fisco en su totalidad.
Peor aún, existe una clara percepción de que la influencia del asesor legal de EuroAmerica, Cristóbal Eyzaguirre, CEO del Estudio Claro y Cía., ha sido crucial para omitir la acción regulatoria y mantener este esquema al margen de la justicia. La CMF, entre otras acciones, se abstuvo de investigar y no cumplió con su deber de fiscalización sobre transacciones que comprometían fondos de rentas vitalicias, afectando el ahorro de miles de pensionados, lo que podría ser considerado como corrupción por omisión.
Todo esto ha transformado la legalidad en una coartada para incumplir la ley. La captura regulatoria no se limita a sobornos visibles, cuyos caminos probatorios son complejos, sino que se manifiesta en lealtades corporativas, rotaciones de cargos y silencios administrativos que vacían de sentido la supervisión estatal.
Caso Curauma y la corrupción estructural de la institucionalidad
El caso Curauma es un claro ejemplo de cómo la corrupción se entrelaza con la ineficiencia institucional. Durante su proceso, se descubrió la manipulación del algoritmo de distribución de causas del Poder Judicial —gestionado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ)— que permitió a los culpables asignar el caso al 2º Juzgado Civil de Santiago, donde EuroAmerica obtuvo resoluciones favorables sin ningún control administrativo o regulatorio. La jueza nunca solicitó confirmación para asegurar certeza jurídica. El síndico designado por ella, César Millán, mantenía vínculos personales con los ejecutivos de EuroAmerica, y la resolución del caso benefició exclusivamente a EuroAmerica, que figuraba como principal acreedor, junto al Estado, con financiamiento del Banco Chile y aprobación formal del tribunal.
El síndico, que depende del SUPERIR del Ministerio de Economía, ha operado sin control, especialmente durante los últimos tres años bajo la dirección de Nicolás Grau como ministro de Economía. “Nadie” ha querido controlarlo, ni Grau ni los superintendentes. El principal acreedor, el Estado a través de la Tesorería General de la República, se ha sometido completamente a EuroAmerica, sin defender el interés fiscal ni acudir a la Junta de Acreedores.
En cuanto a la manipulación de algoritmos, la CAPJ reconoció no tener acceso al código fuente ni a los registros técnicos del algoritmo de distribución de la quiebra de Curauma, evidenciando la debilidad estructural del Poder Judicial. El sistema judicial chileno opera con un software que nadie puede auditar, lo que plantea serias dudas sobre su certeza jurídica. Este vacío técnico se convierte en un agujero institucional que permite la manipulación deliberada de casos, lo que en cualquier democracia avanzada sería considerado un sabotaje judicial.
La complicidad entre el sistema financiero y el Poder Judicial, evidenciada en el caso Curauma, revela que la corrupción en Chile trasciende lo político o presupuestario. Los tribunales, en lugar de corregir irregularidades reportadas por la prensa o denuncias académicas, han actuado como garantes de la impunidad, lo que se alinea con la crisis actual. La ineficiencia institucional ha pasado de ser un defecto técnico a un método de control burocrático, donde la opacidad y el formalismo legal reemplazan la responsabilidad republicana, permitiendo que el crimen organizado infiltre el Estado.
El factor común en todos estos casos —presupuestarios, regulatorios y judiciales— es la subordinación del interés público a una legalidad vacía, es decir, una legalidad sin justicia.
Las instituciones siguen procedimientos, pero incumplen su propósito. Se adhieren a reglamentos mientras violan la ética del servicio público. Esta es la esencia de la corrupción estructural moderna en el país: no se necesitan delitos flagrantes, sino la sumisión del Estado a un marco legal que legitima la ineficiencia y brinda protección de manera discrecional.
El Estado chileno muestra, así, una doble cara: predica austeridad y responsabilidad fiscal, mientras a nivel interno perpetúa la captura corporativa y la manipulación judicial sin resguardos ni penalizaciones en la gestión de fondos públicos. La CMF, la Dipres y la CAPJ, entre otros, en lugar de ser guardianes de la integridad, funcionan como engranajes de una burocracia que se protege a sí misma. Las consecuencias van más allá de lo económico: la ciudadanía percibe que la justicia y la administración pública operan sin criterios de equidad ni transparencia, lo que erosiona la confianza social y debilita la legitimidad del Estado de Derecho.
Este escenario caracteriza la crisis de integridad institucional que atraviesa el país. Curauma, la inacción de la CMF y la retórica vacía sobre equilibrio presupuestario son piezas de un mismo rompecabezas en un Estado que confunde legalidad con justicia, austeridad con eficiencia y silencio con responsabilidad.
*Con Unidad de Investigación de Desenfoque.cl
Con Información de desenfoque.cl
