La Corte de Apelaciones de Concepción ha condenado al Estado chileno a pagar una significativa indemnización a una víctima de la dictadura de Augusto Pinochet, quien fue arrestada y sometida a torturas en instalaciones de la Armada durante diciembre de 1974.
En una decisión unánime (causa rol 3.215-2023), la Quinta Sala del tribunal, compuesta por el ministro Fabio Jordán Díaz, la ministra Claudia Vilches Toro y el abogado (i) Waldo Ortega Jarpa, revocó la sentencia anterior emitida en abril de 2023 por el Primer Juzgado Civil de Concepción, que había desestimado la demanda.
Como resultado, el Estado deberá indemnizar a la demandante (J.G.F.) con la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000) por daño moral.
Según la resolución del tribunal de apelaciones, la demandante fue arrestada y torturada por agentes del Estado durante el periodo de dictadura en 1974, siendo trasladada a un lugar desconocido, donde estuvo privada de libertad. Esto fue reconocido en el Informe de la
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que la identificó como víctima de privación de libertad y tortura por razones políticas.
Respecto a la implicación de los agentes del Estado de la Armada de Chile, la Corte declaró que su actuación constituyó “detención ilegal y tortura” hacia la demandante.
“Estos dos hechos –detención y tortura– son la causa inmediata y directa de los daños morales padecidos tanto por la demandante como por su cónyuge”, afirmó el fallo.
El tribunal, tras analizar los antecedentes, señaló que el daño físico y psicológico sufrido por J.F.G. “es evidente y debe ser compensado con una suma que, aunque no elimine el perjuicio, lo mitigue de alguna manera”.
Por este motivo, el tribunal determinó que la excepción de prescripción presentada por el Fisco de Chile debe ser desestimada.
Indemnización significativa por torturas
Según la Corte de Apelaciones de Concepción, los actos cometidos por los agentes del Estado “implican una violación a derechos extrapatrimoniales fundamentales, entre los cuales se destaca el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, derechos protegidos constitucionalmente, lo que lleva a desestimar el argumento presentado por el demandado”.
Por consiguiente, se resolvió:
“I.- Se REVoca la sentencia definitiva de diecisiete de abril de dos mil veintitrés y se declara que se acoge la demanda presentada en lo principal del folio 1, condenando al Fisco de Chile a pagar a la demandante J.G.F. la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000) por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral. Esta indemnización se ajustará por el reajuste positivo del Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia adquiera firmeza hasta el momento del pago, más los intereses corrientes aplicables para operaciones de dinero reajustables por menos de un año, que se calcularán desde el momento en que se produzca el retraso hasta su efectividad.
II.- Se rechazan las excepciones de reparación satisfactiva (reparación integral) y prescripción extintiva planteadas por el demandado Fisco de Chile.
III.- No se condena en costas al demandado por haber tenido motivos plausibles para litigar.
Con Información de www.elciudadano.com