Esta semana, los incompetentes son Patricio Cooper y Carlos Palma, fiscales a cargo de la investigación del caso ProCultura, quienes han sido apartados de la misma. Palma, quien también fue removido de su cargo como fiscal regional de Aysén en el caso Hermosilla, había investigado previamente a Irina Karamanos, ex pareja del Presidente de la República, en 2023. Palma alegó que la antropóloga había reembolsado fondos a la Fundación ProCultura en 2021, cuando mantenía una relación con Gabriel Boric, entonces candidato presidencial.
No obstante, esta afirmación resultó ser incorrecta; se trataba de un malentendido relacionado con la cuenta RUT del BancoEstado, donde Karamanos recibía sus honorarios, la cual tenía un límite que, al sobrepasarse, provocaba devoluciones automáticas desde el banco al depositante. Aunque Palma formuló cargos en su contra, el verdadero motivo de su destitución fueron sus acciones respecto a Luis Hermosilla, quien se encuentra encarcelado.
El caso de Cooper es más grave. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió despojar al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de la causa ProCultura que había heredado de Palma. Cooper, junto a Ángel Valencia, fiscal nacional, forman parte de un grupo de fiscales vinculados a la derecha o la ultraderecha del Ministerio Público.
En su fallo, la Corte criticó la conducta de Cooper, señalando que sus acciones eran «propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. Las escuchas telefónicas a la psiquiatra del Presidente, Josefina Huneeus, fueron calificadas como “arbitrarias, ilegales e infundadas”.
La Corte también declaró la ilegalidad de las decisiones jurisdiccionales relacionadas y ordenó la eliminación de todo lo obtenido en la investigación basado en esos actos ilegales.
Entre otras irregularidades, el tribunal reprochó a Cooper por entregar al Juzgado de Garantía un número de teléfono que ha pertenecido a Huneeus durante 20 años, a pesar de que ella no estaba en la lista de 42 personas presentada. Además, persisitió en la investigación tras darse cuenta del error, basándose en especulaciones relacionadas con el exmarido de Huneeus.
Los delitos cometidos por Cooper incluyen interceptación telefónica sin fundamento legal, insistencia en la misma a pesar de señalar el error, sospechas infundadas sobre el Presidente y la vulneración de la libertad personal y la vida privada de Huneeus. Además, intentó interceptar el teléfono del Presidente Boric basado en esta escucha ilegal.
Cooper ha sido removido de la causa y será transferido al fiscal regional de Antofagasta, aunque deberá afrontar una acusación de remoción presentada ante la Corte Suprema por parlamentarios oficialistas, relacionada con el allanamiento en casa de la entonces presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, mientras esta se encontraba en el hospital con su primer hijo, utilizando información falsa.
Con Información de desenfoque.cl