La jueza Carla Capello, perteneciente al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fue la responsable de autorizar la incautación de un computador portátil y un teléfono móvil de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC). En agosto de 2024, se generó una polémica cuando se difundió un video donde se la observa junto a su pareja recolectando piedras decorativas de la vía pública y cargándolas en un vehículo de lujo en la localidad de Chicureo, dentro de la comuna de Colina.
El lunes a las 7:00 horas, un grupo de detectives de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) se presentaron en la residencia de Cariola, ubicada en Providencia, con una orden de registro emitida por Capello, tras una solicitud de la Fiscalía Regional de Coquimbo, en el marco de una investigación por posible tráfico de influencias.
Dicha acción se llevó a cabo mientras la diputada estaba hospitalizada, recuperándose de su reciente maternidad, y forma parte de una investigación iniciada de oficio relacionada con el caso «Sierra Bella».
El objetivo de la incautación es reunir evidencia que permita esclarecer posibles delitos de naturaleza funcionarial.
Desde el hospital, la parlamentaria aseguró que no ha sido formalizada ni está involucrada en ningún proceso judicial, explicando que, a pesar de su estado, entregó voluntariamente su celular y computador a través de familiares. «Estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar con lo que la justicia requiera en cualquier investigación judicial», expresó en un comunicado.
“Debido a mi situación actual, no cuento con muchos detalles sobre la investigación en curso ni las razones que supuestamente me vincularían a ella, dado que no he sido formalizada ni soy parte de ningún proceso judicial”, añadió.
La Jueza Capello y la polémica del «recogido» de piedras en Chicureo
El 21 de agosto de 2024, alrededor de las 8:00 de la mañana, los vecinos de los condominios Camino El Mirador en Chicureo grabaron a una pareja cargando piedras decorativas en una camioneta BMW, las cuales habían recogido del Parque Chamisero, un área pública de este exclusivo sector de la Región Metropolitana.
Este hecho generó descontento entre los residentes, quienes rápidamente compartieron las imágenes en grupos de WhatsApp pidiendo identificar a los responsables.
La situación tomó un giro inesperado cuando se reveló que el vehículo de lujo estaba registrado a nombre de Carla Capello, la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La indignación de los vecinos no solo se debía al valor de las piedras, que en el mercado se cotizan a cerca de 15 mil pesos por cada 25 kilogramos de granito, sino también por el hecho de que un representante de la justicia estuviera involucrado.
El video polémico se compartió en redes sociales, aumentando las críticas hacia la jueza.
La situación de la jueza Capello fue rápidamente apodada por internautas como el “robo de piedras VIP” y llegó a oídos del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que decidió abrir un cuaderno administrativo para investigar lo sucedido en Chicureo. Asimismo, se solicitó informes tanto a la magistrada como a la Municipalidad de Colina sobre el incidente.
Dos meses después, en octubre de 2024, se conoció la resolución del caso. Con un fallo dividido, donde 10 ministros votaron a favor y 9 en contra, el tribunal decidió archivar la causa al considerar que los hechos no justificaban una falta que mereciera acción disciplinaria.
Se indicó en el documento que la jueza explicó que, en el momento del incidente, había detenido su vehículo con su pareja para recoger piedras de la vía pública para construir un altar en memoria de su mascota fallecida, y que esta acción se realizó a plena luz del día, sin intención de ocultar nada, y sin haber considerado que las piedras eran ornamentales.
La jueza también expresó su preocupación por las acusaciones en los medios, asegurando que no había cometido un delito y manifestó su intención de contactar a la Municipalidad de Colina para ofrecer disculpas y restituir las piedras.
El tribunal, además, solicitó una versión a la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, quien confirmó que el 10 de septiembre, Capello se había comunicado con el municipio para disculparse por lo sucedido, lo cual fue suficiente para los jueces, según informó T13.
A pesar del archivo de la causa, la Corte de Apelaciones hizo un llamado de atención a la magistrada, señalando que su comportamiento no se alineaba con el modelo de conducta esperado de un juez, lo cual debía ser señalado.
Con Información de www.elciudadano.com