Por: Luis Vásquez Tudela, Chief Revenue Officer de Snap Compliance
Los recientes escándalos de corrupción han puesto en jaque la confianza en nuestras instituciones, resaltando la vulnerabilidad de nuestro sistema y la carencia de una cultura de cumplimiento normativo que prevenga, identifique y contenga el uso indebido de recursos públicos.
En tan solo unas semanas, hemos sido testigos de varios incidentes que comparten un denominador común: la falta de controles adecuados. Ejemplos como el de las licencias médicas fraudulentas, que involucró a más de 25,000 funcionarios que viajaron al extranjero mientras estaban de licencia; la investigación sobre el uso de fondos públicos en la campaña del gobernador Claudio Orrego, detectada por la Contraloría; y el caso ProCultura, que investiga un presunto fraude al Fisco por más de 6,000 millones de pesos a través de contratos entre fundaciones y organismos estatales, reflejan un mismo vacío en el sistema.
¿Dónde estaba el compliance en esos momentos? ¿Quién supervisaba las fronteras entre lo público y lo privado, entre las funciones administrativas y los intereses electorales?
Es claro que los mecanismos actuales de control son reacciones ante la corrupción. La fiscalización posterior y las indagaciones judiciales llegan demasiado tarde, lo que provoca que el daño reputacional, la erosión institucional y la pérdida de recursos públicos ya se hayan producido antes de que el sistema reaccione.
No podemos seguir así. Hoy existen tecnologías comprobadas que nos permiten anticiparnos, como herramientas de inteligencia artificial, cruces automáticos de datos, sistemas de alerta temprana y análisis predictivo que facilitan la detección de patrones anómalos, como licencias médicas reiteradas o desviaciones presupuestarias inusuales. No utilizar estas tecnologías equivale a una renuncia deliberada a la prevención.
En el sector privado, el cumplimiento normativo ha dejado de ser un mero trámite administrativo para convertirse en una función estratégica que genera alertas en tiempo real y establece políticas de control claras. Este enfoque debe trasladarse al sector público, no como una carga burocrática, sino como un medio para proteger la función pública y restaurar la confianza ciudadana.
Aunque Chile tiene marcos legales que promueven la probidad y la transparencia, carece de una infraestructura moderna que facilite su implementación efectiva. El cumplimiento normativo debe ser transversal, autónomo y respaldado por tecnología con estándares claros. De lo contrario, seguiremos sorprendidos por hechos que podrían haberse prevenido si nuestro sistema hubiera estado más atento.
No se trata de lamentar lo que ya ocurrió, sino de construir una administración pública que no dependa únicamente de la buena voluntad de sus funcionarios, sino que esté respaldada por estructuras sólidas que garanticen el uso adecuado de los recursos públicos. El compliance público es una necesidad operativa urgente, no un ideal.
Si no asumimos esta transformación como política de Estado, continuaremos cuestionándonos, una y otra vez, dónde estaba el control cuando más lo necesitábamos.
Con Información de desenfoque.cl
