Periodista y editora internacional.
Honduras se presentó a las elecciones del 30 de noviembre en un contexto de instituciones electorales fracturadas y una profunda polarización interna. La influencia de la operación Southern Spear, el despliegue militar estadounidense en el Caribe, y el respaldo del entonces presidente Donald Trump transformaron la elección en un asunto de política estadounidense.
El respaldo directo de Trump al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, al que amenazó con retirar la ayuda económica si no ganaba, convirtió la campaña en un ejercicio de coerción, más que en una influencia sutil, configurándose como un ultimátum económico para uno de los países más empobrecidos de Centroamérica.
Los resultados preliminares mostraron un empate técnico entre Asfura y el liberal Salvador Nasralla, mientras que la oficialista Rixi Moncada quedó relegada a un tercer lugar, indicando un giro hacia la derecha. A tres días de las elecciones, aún no hay una clara definición sobre quién asumirá la presidencia en enero.
Como apuntó la Misión Observadora de la Unión Europea (UE), el proceso electoral se desenvolvió en un marco de «politización excesiva» de las instituciones, donde la desconfianza fue la norma, sumándose a la solicitud de las Fuerzas Armadas hondureñas de auditar actas electorales.
Si el apoyo a Asfura fue la zanahoria, el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) fue el garrote. Condenado a 45 años en EE.UU. por narcotráfico, Hernández obtuvo su libertad por orden de Trump, quien calificó el juicio como una «cacería de brujas» de la administración Biden. El mensaje fue claro: Washington decide quiénes son sus candidatos y altera la justicia para proteger a sus “aliados caídos”, a pesar de que el caso fue investigado por la DEA y la culpabilidad fue probada en una corte federal estadounidense.
Aquí es donde el argumento se quiebra: el indulto se produce en un contexto que justifica una escalada militar en Venezuela a través de la operación Southern Spear, con la justificación de detener el tráfico de drogas hacia EE.UU. y eliminar a narcos que “perjudican a estadounidenses”, así como a cabecillas de “organizaciones terroristas” como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles.
Recientemente, Marco Rubio acusó al gobierno venezolano de permitir la presencia de Irán y la milicia libanesa Hezbolá en su territorio, advirtiendo que esto supone «un peligro» para la seguridad nacional de EE.UU. y una amenaza global. Esto representa un giro estratégico significativo: la ampliación del enemigo.
La ley del más fuerte
Según esta nueva narrativa, Venezuela no solo es un problema regional de narcotráfico, sino que se ha convertido en un espacio para actores hostiles extrahemisféricos, actuando como un “caballo de Troya” de Irán en América.
Esta ampliación del discurso es crucial. Convirtió una intervención basada en la lucha contra las drogas, con un historial desastroso y desacreditado, en una acción de defensa nacional contra una amenaza terrorista.
Ofrece un casus belli más poderoso y emocional para la opinión pública estadounidense, justificando niveles de escalada militar que hace poco parecían impensables.
La contradicción es abrumadora. Por un lado, se libera a un expresidente condenado por narcotráfico, delito que debería justificar bombardeos y militarización. Por otro, se eleva a un enemigo al estatus de centro del terrorismo global.
La estrategia conecta varios frentes. Primero, busca recuperar y “disciplinar” a Honduras mediante presión electoral, junto con un “acto de gracia” para borrar el pasado problemático de un aliado y cohesionar su base política alrededor de Asfura. Segundo, se intenta deslegitimar y aislar a Venezuela, primero con la narrativa del narcotráfico y luego expandiendo la acusación a “alianzas con el terrorismo internacional”, construyendo así una justificación amplia para la intervención. Finalmente, se envía un claro mensaje a la región: la lealtad es recompensada, mientras que la disidencia se castiga severamente, ya sea a nivel militar o discursivo.
Honduras se encuentra en un limbo, pero ya no es un caso aislado. Es el último episodio de una ofensiva que redefine, una vez más, las reglas del juego en América Latina.
La “doble moral” ha escalado: ya no es solo el narcotráfico contra el narcotráfico, ni la impunidad para los “narcoaliados” frente a la guerra total al “narco-terrorista-enemigo”, sino que ahora incorpora un nuevo giro estratégico que, según Rubio, vincula a Venezuela con Irán y Hezbolá. Estamos ante la posible preparación del terreno para una escalada que podría reconfigurar toda la región latinoamericana.
Y, en esta “realineación forzada” que Washington impulsa, no hay lugar para la neutralidad ni la autodeterminación. En términos simples: o se es un aliado obediente, a quien se le puede perdonar la vida con un decreto, o se es un enemigo absoluto, cuya amenaza debe ser erradicada. ¿Dónde queda el respeto por la soberanía de los Estados? ¿Y el Derecho Internacional? ¿Qué pasa con el Consejo de Seguridad de la ONU o la OEA?… ¿el Chapulín Colorado? ¿alguien?
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