Jacqueline Pinochet Hiriart, la hija menor del fallecido dictador Augusto Pinochet Ugarte, ha presentado una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra su hermano mayor, Marco Antonio, acusándolo de apropiarse indebidamente de varios inmuebles que pertenecían a su padre y que forman parte de la herencia del excomandante en jefe del Ejército.
Según informa La Tercera, en el texto de la querella, Jacqueline Pinochet describe diversas situaciones que considera constituyen «maltrato habitual», una conducta relacionada con delitos de violencia intrafamiliar.
A continuación, se exponen los hechos que la querella detalla y que serán investigados por el Ministerio Público:
“Mi representada es la hija menor de los cinco hijos nacidos del matrimonio entre Augusto Pinochet Ugarte y Lucía Hiriart Rodríguez, ambos fallecidos. Tras el deceso de ambos y habiéndose iniciado la sucesión, todos los bienes de la pareja formaron parte de la herencia en la que mi representada es participante”, indica el abogado Jorge García en el documento.
El abogado detalla que “dentro de los bienes que integran la comunidad hereditaria” se encuentran ocho inmuebles, que incluyen casas en la playa, un departamento en Vitacura, la casa de Los Boldos en Santo Domingo, y una parcela en El Melocotón, en San José de Maipo.
“Todos los inmuebles mencionados fueron objeto de una medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos, ordenada por el 21 Juzgado Civil de Santiago debido a una acción civil iniciada por el CDE. Sin embargo, la Corte Suprema permitió que la sucesión firmara contratos de arriendo respecto a dichos inmuebles”, puntualizan.
En su querella, Jacqueline Pinochet subraya que esta autorización es crucial, ya que, aunque se permite el arriendo de los inmuebles, ella nunca ha sido consultada ni ha recibido dinero de esos contratos.
Su abogado aclara ante el tribunal que “después del fallecimiento de su padre, su madre otorgó a su hermano Marco Antonio un mandato de administración, el cual quedó sin efecto por disposición legal el 16 de diciembre de 2021”.
A la luz de esto, se menciona en la acción penal que Jacqueline Pinochet «se enteró de que, gracias al contrato mencionado, se realizaron actos de disposición respecto a numerosos bienes muebles e inmuebles de la sucesión, pero que nunca fue informada ni se le rindió cuenta de ello”.
La mujer afirma que solo tras la muerte de Lucía Hiriart se enteró de que varias de las casas habían sido arrendadas sin su autorización y que nunca recibió compensación por ello.
Jacqueline Pinochet solicita a la Fiscalía que investigue a su hermano y lo lleve a juicio para que sea condenado, aportando diversas evidencias en su apoyo.
“El querellado realizó actos de administración y disposición sin la autorización de ninguno de los miembros de la comunidad hereditaria, desviando a su cuenta personal los ingresos por la venta y los alquileres de los bienes de la herencia”, se detalla en el documento.
Además, se señala que “a pesar de los constantes intentos de mi representada por obtener información clara sobre la gestión de los bienes, siempre se le negó, recibiendo solo documentos parciales y sin respaldo, negados tajantemente por el querellado”.
Se alega que en la búsqueda de información sobre la situación de los bienes de sus padres, empezaron los maltratos hacia ella.
“Como se mencionó, a pesar de las repetidas solicitudes de información, siempre fueron rechazadas, con insultos y descalificaciones que generalmente atacaban la vida familiar de la querellante y sus relaciones personales, acusándola de favoritismo sin justificación”.
Esta situación, según el relato, se agravó con el deceso de Hiriart. “La situación se volvió prácticamente incontrolable, ya que a Jacqueline se le negó todo acceso a información sobre la administración «de facto» de los bienes que integraban la herencia”.
El abogado de Jacqueline sostiene que “el querellado realizó actos violentos con el único fin de aislar a mi representada de la familia e impedir que tuviera acceso a los bienes de la herencia y a los beneficios provenientes de los actos que realizó, causando graves perjuicios económicos y emocionales”.
En este sentido, expusieron ante el tribunal que “el querellado ha llevado a cabo diversos actos a lo largo de estos años con el objetivo de privar a mi representada de cualquier relación con el núcleo familiar”.
Por ejemplo, denuncian que “desde 2019, el querellado ha negado a mi representada el acceso a la hacienda familiar en Santo Domingo, en la que se encuentran varias cabañas y una capilla donde reposan los restos de sus padres, impidiéndole la visita mediante amenazas y órdenes dadas a los cuidadores del lugar para prohibirle el acercamiento, limitando arbitrariamente la posibilidad de visitar a los difuntos padres”.
Como ejemplo, Jacqueline Pinochet afirma que su hermano ha retenido indebidamente más de $160 millones solo por concepto de arriendos de un inmueble, lo que sugiere que el perjuicio para ella y los demás hermanos podría ser aún mayor.
Así, los conflictos por la herencia del clan Pinochet parecen remanecer, a más de dos décadas de la muerte de Augusto, con sus hijos reavivando disputas sobre una herencia que, según el Fisco, debería haber pasado al Estado.
Con Información de www.lanacion.cl