La atención del sector público en Chile se enfoca en el jueves 4 de diciembre, día en que el Gobierno emitirá su respuesta formal al Pliego de Negociación 2025, presentado por la Mesa del Sector Público (MSP). Este evento es crucial, ya que definirá las condiciones laborales y salariales de más de 900 mil funcionarios estatales. La instancia tiene gran relevancia, pues es el último proceso formal que mantendrá la MSP con la administración actual del Presidente Gabriel Boric.
La principal exigencia económica de este documento, elaborado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y 16 organizaciones, es un reajuste real del 2% que se aplicaría entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Este aumento se solicita para todo el sector público sin excepciones, buscando mejorar el poder adquisitivo de los empleados públicos.
Además del reajuste, el petitorio propone establecer nuevos ingresos mínimos por categoría, con cifras que buscan dignificar los salarios de ingreso al servicio. La propuesta de la MSP establece un salario base de $591.483 para auxiliares, $658.265 para administrativos y $700.241 para técnicos. También se solicita un bono mensual de $63.502 para aquellos con remuneraciones brutas inferiores a $798.015, con el fin de aliviar la carga sobre los salarios más bajos.
Trabajo Decente y Fortalecimiento Público
Más allá de las exigencias económicas, el documento subraya la necesidad de avanzar en aspectos laborales que han sido históricamente relegados. Las organizaciones han puesto un énfasis crítico en eliminar la causal de vacancia por salud incompatible, que permite la desvinculación de funcionarios por razones médicas. Este punto es especialmente sensible para el sector de la salud pública, representado por organizaciones como la Confederación FENATS Unitaria.
Otras demandas clave incluyen el fortalecimiento de la estabilidad laboral a través de la titularidad y el cumplimiento de acuerdos pendientes en áreas cruciales como salud mental, cuidado infantil y seguridad laboral. La Mesa también ha insistido en la necesidad de eliminar criterios de exclusión que limitan la cobertura universal de aguinaldos y bonos (vacaciones, escolaridad, término de negociación), buscando equidad para todos los empleados públicos. Finalmente, exigen una propuesta concreta para implementar una jornada laboral de 40 horas en la administración pública.
Desde la dirigencia sindical, las expectativas se centran en lograr un acuerdo sólido que trascienda lo económico. Ricardo Ruiz Escalona, presidente de la Confederación FENATS Unitaria, principal gremio de la salud pública chilena, subrayó la importancia de la respuesta del gobierno. “La comunicación es fundamental, ya que se abordarán las necesidades de reajuste del 2025-2026. Esperamos, en primer lugar, definiciones sobre estabilidad laboral, mejorar nuestras condiciones económicas en relación al IPC y fundamentalmente ver el tema de trabajo decente, así como un pronunciamiento sobre la salud mental y otros asuntos relevantes, además del fortalecimiento de la salud pública”, indicó Ruiz.
El dirigente sindical enfatizó que esperan la mejor respuesta para los trabajadores en el último año de gobierno del Presidente Boric, buscando consolidar las políticas de lucha sindical, incluso en relación a los incentivos para el retiro: “Aquí se cristaliza una política de diálogo y lucha sindical significativa donde las organizaciones han jugado un papel fundamental en sus posturas. Esperamos que esta negociación obtenga la mejor respuesta para los trabajadores en este último año de gobierno y que esto también impacte en una mejora sustancial en las condiciones de atención a los usuarios de la salud pública”.
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