Tras finalizar la negociación entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno, el panorama para los trabajadores de la salud y del Estado se ha definido no solo por cifras, sino también por una estrategia de protección institucional. Ricardo Ruiz Escalona, presidente de la Confederación FENATS Unitaria, destacó que este proceso de 2025 no fue una negociación ordinaria, sino un acto de supervivencia gremial ante un clima parlamentario que amenazaba la estructura de la función pública.
El acuerdo, que incluye un reajuste general del 3,4% y un 5% para los salarios mínimos, es considerado por Ruiz como fruto de una interpretación pragmática de la realidad nacional (aunque no todos los integrantes de la Mesa del Sector Público comparten esta visión). Según el dirigente, el énfasis cambió de buscar un aumento salarial hacia la consolidación de derechos, asegurando que ningún trabajador sea despedido por motivos ajenos a su desempeño profesional. Esto se logra mediante un sistema de tribunales contenciosos que abordan la problemática del trabajador fiscal ante, por ejemplo, despidos arbitrarios tras la decisión de la Contraloría de desvincularse de esos procesos.
«En un año caracterizado por discursos que abogan por la reducción del Estado, no podíamos permitir que la discusión se centrara únicamente en el porcentaje de aumento. Nuestra responsabilidad histórica fue comprender que el mejor reajuste es aquel que garantiza la seguridad de que el colega mantendrá su puesto de trabajo en marzo», comenta Ruiz al destacar la importancia de la estabilidad laboral acordada.
Más allá del aspecto salarial, el representante de FENATS Unitaria señaló que se han avanzado en protecciones que antes eran vulneradas de manera sistemática. En este sentido, enfatizó: «No podíamos seguir aceptando que la maternidad fuera un factor de riesgo para las trabajadoras en reemplazo; hoy hemos conseguido que el embarazo no sea motivo de despido bajo la excusa de la falta de cupos, devolviendo la dignidad mínima a quienes sostienen la salud pública en momentos críticos».
Acerca de la labor de la Mesa del Sector Público, Ruiz explica que los 16 gremios que la conforman tienen una raíz profundamente social, al defender no solo la salud y el servicio público, sino también a los usuarios, la mayoría de la población que depende del sistema estatal. “Por lo tanto, mejorar las condiciones laborales es, en última instancia, una forma de mejorar el país, sustentada en un argumento sólido de servicio y vocación que no deja espacio al desánimo, sino que se nutre de la convicción de estar luchando por lo que es justo”, agrega.
Finalmente, respecto al complicado ambiente en el Congreso, Ruiz es claro al señalar la relevancia de la autonomía gremial frente a las luchas partidarias. «Fuimos testigos de cómo algunos sectores intentaron usar el presupuesto de salud como herramienta para sus propios intereses políticos. Ante esa presión, nuestra respuesta fue fortalecer la unidad de la Mesa del Sector Público; entendimos que el diálogo directo con el Ejecutivo era el único camino para asegurar que el reajuste se convirtiera en ley antes de fin de año, evitando que quedara atrapado en una guerra de trincheras que perjudicaría únicamente al trabajador», concluye Ricardo Ruiz.
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