La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, comentó este lunes sobre el caso de Bernarda Vera, quien había sido reportada como detenida desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet y fue recientemente hallada con vida en Argentina. La ministra subrayó que es un caso excepcional y defendió el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, asegurando que no existen otros errores similares registrados en el listado oficial de víctimas.
“Este es el único caso confirmado en el que una persona registrada como detenida desaparecida ha sido hallada con vida”, afirmó Vallejo.
“El Estado ya no puede dar la espalda”
Vallejo enfatizó que el Plan Nacional de Búsqueda representa una política de Estado impulsada por el Presidente para abordar de forma proactiva y profesional la tarea que, durante décadas, ha recaído únicamente en las familias de las víctimas.
“Que la búsqueda de los detenidos desaparecidos deje de ser una acción privada y se convierta en un deber del Estado es un cambio histórico. El descubrimiento de Vera es parte de ese esfuerzo institucional”, añadió.
Además, resaltó que el trabajo técnico permitió identificar a Vera y revelar otro caso que no figuraba en el listado original de detenidos desaparecidos, aunque no proporcionó más detalles al respecto.
Apoyo a Cordero y críticas a la oposición
Luis Cordero, Vallejo fue contundente:
“El Presidente evalúa a sus ministros, no la oposición, menos en un contexto electoral donde cada crítica parece acompañada de una solicitud de renuncia”.
También hizo un llamado a la prudencia, especialmente en relación a la pensión que recibe la hija de Vera, indicando que el caso sigue siendo evaluado por el Plan Nacional de Búsqueda.
Cordero: “Se actuó con extremo cuidado”
A su vez, el ministro Luis Cordero defendió las acciones del Gobierno y aclaró que fue en mayo de 2024 cuando se obtuvieron los primeros datos que cuestionaron la desaparición de Bernarda Vera, gracias a la labor de la periodista e investigadora Pascale Bonnefoy.
Con base en esos indicios, se enviaron oficios reservados a instituciones como la PDI, Acnur y la Cancillería. Según Cordero, en enero de 2025 se informó a la hija de Vera antes de que el Estado sueco confirmara oficialmente su ubicación en mayo de 2025.
“Sería redundar en el dolor insistir públicamente sobre un hecho de estas características. Es fundamental proteger la verdad sin desestimar el sufrimiento de los familiares”, subrayó el ministro.
Cordero sostuvo que la familia de Vera actuó de buena fe y sin conocimiento de la situación. También defendió el papel de la actual coordinadora del Plan Nacional de Búsqueda, Magdalena Garcés, descartando cualquier cambio en su posición.
¿Podría repetirse un caso similar?
El ministro aceptó que existen errores históricos de calificación de víctimas, pero rechazó la posibilidad de que el Gobierno modifique administrativamente el listado del Informe Rettig.
“Hoy no es posible retirar administrativamente a víctimas del listado. Lo que sí tenemos claro es que hay muchas víctimas no calificadas, y otras cuyos casos han revelado errores que deben ser abordados con rigor técnico y judicial”, explicó.
Un caso que reabre el debate
El caso de Bernarda Vera ha provocado un intenso debate público y político. Desde el oficialismo insisten en que se trata de un hecho excepcional que respalda el valor del Plan Nacional de Búsqueda, mientras que la oposición clama por transparencia total y cuestiona la oportunidad de la entrega de información.
La investigación judicial dirigida por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre será crucial para evaluar si el Estado actuó con la debida diligencia y si hubo errores u omisiones en la gestión de este emblemático caso.
Con Información de chilelindo.org
